El Poder Judicial confirmó la anulación del juicio oral contra Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, en el marco del emblemático caso ‘Cócteles’. La Sala Penal de Apelaciones rechazó por unanimidad las apelaciones presentadas por el Ministerio Público y la Procuraduría especializada en delitos de lavado de activos, dejando sin efecto el juicio que se desarrollaba desde 2023.
La resolución, emitida inicialmente el 13 de enero y ratificada este 3 de abril de 2025, obedece a un fallo previo del Tribunal Constitucional que ordenó retroceder el proceso hasta la etapa intermedia para que se realice un nuevo control de acusación. Esta decisión implica la revisión del proceso antes de que se determine si pasa o no a juicio oral.
Keiko Fujimori, junto a otros miembros de su entorno político, enfrentaba cargos por presunto lavado de activos relacionados con aportes irregulares a sus campañas electorales de 2011 y 2016. La fiscalía sostiene durante años que dichos fondos, que incluyen presuntos aportes de la constructora Odebrecht, no fueron declarados ante la ONPE y fueron canalizados mediante una red de falsos aportantes.
El proceso vuelve a cero
El regreso a la etapa intermedia no implica una absolución, sino una revaluación del caso por parte del juez de investigación preparatoria. Será necesario revisar nuevamente los fundamentos de la acusación fiscal, las pruebas presentadas y las posibles objeciones de la defensa.
Fuentes judiciales consultadas señalan que este retroceso podría generar un nuevo retraso significativo en el caso, que ya lleva más de una década en investigación. Además, se abre la posibilidad que se cuestionen algunas pruebas.
Un revés para el Ministerio Público
La decisión representa un revés estratégico para el equipo especial Lava Jato del Ministerio Público, que ha sostenido la acusación contra Fujimori con base en colaboraciones eficaces y documentación financiera. También es un golpe para la Procuraduría de Lavado de Activos, que buscaba una sanción ejemplar por lo que considera una operación sistemática de ocultamiento de fondos ilícitos.
El futuro del proceso depende ahora del nuevo control de acusación. La fiscalía deberá defender la solidez de su caso ante un nuevo escrutinio, mientras que la defensa de Fujimori aprovechará la oportunidad para reforzar sus argumentos de nulidad y supuestas vulneraciones al debido proceso.
Aunque este fallo no significa el cierre del caso, sí marca una nueva etapa cargada de incertidumbre jurídica y consecuencias políticas. A menos de un año de las elecciones generales, el desarrollo de este proceso podría volver a colocar a Keiko Fujimori en el centro del debate nacional.
