InicioActualidadTutela de derechos: garantía contra imputaciones defectuosas

Tutela de derechos: garantía contra imputaciones defectuosas

- Advertisement -spot_img

En la praxis penal, los abogados utilizamos herramientas procesales para cuestionar la labor de los órganos de investigación cuando vulneran las garantías del debido proceso. Sin embargo, su aplicación es inusual por temor a posibles represalias, como sucede con la tutela de derechos. Esta herramienta es esencial cuando existen irregularidades en la disposición de formalización de la investigación preparatoria, facilitando a los imputados reclamar protección frente a disposiciones carentes de claridad, concreción y especificidad en la imputación formulada.

Leer más: Detenciones abusivas

Una imputación concreta y necesaria asegura que los investigados conozcan, sin lugar a duda, los hechos atribuidos. El Acuerdo Plenario 01-2019-CSJPE establece que una imputación vaga o con defectos estructurales no satisface los estándares constitucionales y puede generar indefensión en el imputado, máxime si no se detallan las circunstancias de modo, tiempo y lugar de su participación en los hechos que se investigan, vulnerándose su derecho a una defensa activa, así como el principio de legalidad. En este contexto, la tutela de derechos es idónea para solicitar la nulidad de disposiciones que no cumplen con los estándares mínimos exigidos por el ordenamiento jurídico.

Principio de igualdad

El principio de igualdad de armas también se ve vulnerado cuando la fiscalía incurre en actuaciones irregulares, como brindar apoyo indebido a la parte agraviada. Esto sucede, por ejemplo, cuando un fiscal actúa como abogado de la presunta víctima, permitiendo su participación sin defensa técnica o emitiendo instrucciones ajenas a su rol. Estas acciones desnaturalizan su función como defensora de la legalidad y vician de nulidad absoluta los actos procesales realizados bajo tales condiciones, afectando la transparencia y equidad del proceso.

Por tanto, la tutela de derechos no sólo corrige defectos procesales que vulneran las garantías fundamentales, sino que también asegura que el proceso penal se desarrolle bajo parámetros de objetividad e imparcialidad. Su uso oportuno restablece el equilibrio procesal y garantiza que las decisiones fiscales respeten su propósito constitucional: proteger los derechos de todas las partes y fortalecer la confianza en el sistema de justicia.

Por: Juan José Albán Parra, abogado Asociado Senior, director del Área Penal del Estudio Muñiz – Sede Piura.

- Publicidad -spot_img
Síguenos
40,000FansMe gusta
En portada
- Advertisement -spot_img
Noticias relacionadas
- Publicidad -spot_img