La Comisión Permanente del Congreso de la República oficializó este viernes 23 de mayo el archivo de la denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte por el llamado caso Rolex, en una votación que evidencia, una vez más, los alineamientos políticos que marcan la actual correlación de fuerzas en el Legislativo.
Con 14 votos a favor, 8 en contra y una abstención, el Parlamento ratificó el informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), que el pasado 11 de abril concluyó que no correspondía formular acusación constitucional contra la jefa de Estado, al amparo del artículo 117 de la Constitución, el cual limita de forma estricta los supuestos en los que un presidente en funciones puede ser procesado.
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Los votos a favor provinieron mayoritariamente de las bancadas de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso (APP), Acción Popular, Somos Perú y Honor y Democracia. En contra se expresaron legisladores de Podemos Perú, Perú Libre, Renovación Popular, la Bancada Socialista y Juntos por el Perú–Voces del Pueblo. El congresista Jorge Coayla optó por la abstención.
Durante la exposición del informe, la congresista Nilza Chacón (Fuerza Popular), encargada de sustentar la decisión ante la Comisión Permanente, defendió la constitucionalidad del archivo. Según explicó, el artículo 117 establece “en forma restrictiva” los únicos escenarios en los que un presidente puede ser acusado, y consideró que avanzar con la denuncia vulneraría el principio de legalidad y alteraría el equilibrio entre poderes.
“Proceder con la acusación supondría desconocer una limitación expresa de la Constitución. Su uso forzado desnaturalizaría su finalidad jurídica y puede interpretarse como un acto político, no jurídico”, señaló la legisladora.
Reacciones en contra por caso Rolex
Sin embargo, las reacciones en contra no tardaron. El congresista Alex Flores (Bancada Socialista) acusó a los parlamentarios que votaron a favor del archivo de participar en lo que calificó como un “acto de corrupción” entre el Congreso y el Gobierno. “Esto es parte de la impunidad. Mandar al archivo este caso demuestra que hay un blindaje sin razón”, sostuvo.
Por su parte, Jaime Quito, también de la Bancada Socialista, denunció un “acuerdo previo” entre las bancadas mayoritarias que controlan la SAC y el Ejecutivo. “Este Congreso, que sí procesó a Pedro Castillo con argumentos similares, ahora dice que no se puede. Es un claro doble rasero”, aseveró.
El caso Rolex, que involucra el presunto uso y ocultamiento de relojes de lujo por parte de la presidenta Boluarte, continúa bajo investigación por parte del Ministerio Público y ha levantado cuestionamientos sobre la transparencia y los posibles actos de enriquecimiento ilícito en el más alto nivel del Ejecutivo.
A pesar de que el Congreso cierra esta vía con el archivo de la denuncia, el impacto político y el daño a la imagen presidencial ya están hechos. Para amplios sectores de la opinión pública, la resolución parlamentaria fortalece la percepción de una alianza de impunidad entre el Ejecutivo y los grupos mayoritarios del Congreso, en un contexto de creciente desconfianza ciudadana hacia las instituciones.
