El Poder Judicial autorizó el levantamiento del secreto de las comunicaciones de Junior Izquierdo, alias “Culebra”, pieza clave en la pesquisa que involucra al exministro Juan José Santiváñez.
La resolución, emitida el 31 de mayo por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, da luz verde al Ministerio Público para acceder al contenido de una grabadora de voz entregada voluntariamente por Izquierdo a la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac).
El dispositivo, descrito como un pequeño cable USB con la inscripción “OGB” y presentado en una caja rotulada como “DIGITAL VOICE RECORDER”, contiene una conversación de 2 horas y 13 minutos entre “Culebra” e, aparentemente, Santiváñez. La reunión habría tenido lugar el 21 de mayo de 2024 en un conocido chifa del distrito limeño de San Borja.
Durante la audiencia pública, la Fiscalía remarcó la importancia de analizar la grabación para verificar si contiene evidencia de actos ilícitos, presiones indebidas o maniobras orientadas a interferir en funciones policiales, particularmente de la Diviac. La negativa del exministro a someterse a una prueba de voz reforzó el pedido fiscal.
Fragmentos ya transcritos
“Tú sabes que para subir todo vale. Me preguntó ‘¿usted puede desactivar la Diviac?’ Yo le dije que sí. A ella la asesora Arana. Él la asesora”, es parte de las grabaciones de las conversaciones de «Culebra».
Otro tramo alude directamente al coronel Harvey Colchado, jefe de la Diviac, con una aparente presión desde el entorno político:
“Mónica Delta me pregunta en una entrevista si creo que Harvey Colchado es un buen policía y yo dije ‘para mí todos son buenos’, y por eso la tía me llamó, me dijo que cómo es posible, ‘usted debió decir que no, que es un policía politizado’”.
La autorización judicial incluye directrices precisas: el análisis del audio deberá seguir protocolos técnicos rigurosos, como las Guías de análisis digital forense, las pericias de homologación de voz y la cadena de custodia de evidencia.
Con el acceso legal al contenido del dispositivo, la Fiscalía espera reforzar su caso con pruebas que podrían comprometer seriamente al exministro. En el centro del proceso está un audio que, según fuentes fiscales, tiene el potencial de exponer redes de influencia política dentro del aparato de seguridad del Estado.
