Más de 200 docentes contratados en Piura han quedado sin empleo debido a un proceso de racionalización impulsado por el Ministerio de Educación (Minedu), que exige al menos 20 alumnos por aula para mantener la plaza de un maestro. Esta medida, ha generado un fuerte impacto en zonas rurales y urbano-marginales, donde las matrículas suelen ser menores debido a factores como la migración, la pobreza o la baja natalidad.
Un caso emblemático es el de la institución educativa “Los Ejidos del Norte” N° 14103, ubicada en la carretera Los Ejidos, donde se fusionaron los grados primero y segundo de primaria. ¿La razón? La profesora de primer grado solo tenía 11 estudiantes inscritos, cifra insuficiente para mantener su plaza. Como resultado, fue despedida, y una sola docente nombrada asumió la enseñanza de ambos grados.
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“El Ministerio paga a un docente siempre y cuando tenga veinte alumnos como mínimo. En el aula de primer grado hay solo 11, y en segundo grado 16. Entonces, como no se cumplen las metas, el ministerio nos obliga a fusionarlos y agruparlos en un solo ciclo. Primero y segundo grado se convierten en una sola aula”, explicó el director del colegio, Manuel Panta Salazar.
Panta reconoce que el proceso se ajusta a lo que dispone la norma, pero considera que su aplicación no toma en cuenta la realidad pedagógica ni la situación socioeconómica de muchas comunidades. “Nos molesta una barbaridad porque se queda sin trabajo una maestra muy buena. Pero al ser contratada y no nombrada, simplemente la sacan”, lamenta.
La situación también revela una contradicción profunda. Según el director, el colegio no tiene déficit de docentes, sino de estudiantes. “No tenemos crecimiento vegetativo, la población estudiantil ha disminuido. Lo que falta no es personal, sino alumnos que se queden en las escuelas”, afirmó.
Además de la pérdida de una maestra, el colegio enfrenta otros problemas estructurales: no cuentan con aulas adecuadas para dirección, biblioteca ni reuniones pedagógicas. No hay desagüe y los espacios para actividades físicas son limitados. “El colegio tiene más de 55 años y sigue con carencias. Aquí tendría que hacerse un proyecto integral”, señaló Panta.
Riesgos para el aprendizaje
El proceso de racionalización docente que aplica el Ministerio de Educación (Minedu) en diversas regiones del país, entre ellas Piura, no solo ha dejado sin empleo a cientos de maestros contratados, sino que también podría estar generando consecuencias más profundas en la calidad de la educación pública. Así lo advierte el analista de estudios económicos de ComexPerú, Daniel Najarro.
“En zonas rurales y urbano-marginales es común que no se llegue al mínimo de estudiantes exigido para contratar un docente. Pero eso no significa que no haya niños que necesiten aprender. A veces no están en las aulas porque no pueden llegar, porque deben trabajar o porque no hay suficientes recursos en casa para sostener su asistencia”, explica el especialista.
Najarro reconoce que la racionalización busca eficiencia en el gasto público, pero cuestiona que su aplicación no se acompañe de criterios que garanticen una enseñanza de calidad en contextos multigrado, donde un solo docente atiende a alumnos de distintos niveles académicos.
“Un maestro que enseña primero y segundo grado al mismo tiempo debe tener competencias más complejas, porque está tratando con niños que aprenden a ritmos distintos», advierte.
En ese sentido, el especialista de ComexPerú propone que se establezca un perfil docente específico para contextos multigrado, que contemple mayor capacitación, experiencia previa, y que sea evaluado con estándares más exigentes. Además, plantea que se diseñen materiales y currículas adaptadas a esa modalidad, para que el docente no tenga que improvisar.
“No se puede pedir lo mismo a un profesor que enseña un solo grado que a uno que debe atender a dos. Se necesita una formación diferente, evaluaciones específicas y, sobre todo, acompañamiento pedagógico constante”, sostiene.
Najarro también advierte que decisiones como esta pueden tener efectos colaterales graves, como el aumento del trabajo infantil. “En zonas con limitaciones de acceso, muchos padres optan por no enviar a sus hijos a la escuela cuando ven que no hay atención adecuada. Eso alimenta la deserción escolar y perpetúa la pobreza. Además, mientras se prioriza la cobertura, la calidad educativa queda relegada”, enfatizó.
Racionalización: una norma que castiga a los más vulnerables
El decano del Colegio de Profesores de Piura, César Rivera Córdova, también expresó su preocupación por el proceso de racionalización. “En secundaria se necesitan más plazas. Pero en inicial y primaria han sacado a profesores con muy pocos alumnos. La norma lo permite, sí, pero no se evalúa el contexto. Se está aplicando la ley de forma estricta y en el momento más inoportuno”, señaló.
Rivera explicó que, en el caso de los docentes nombrados, se les reubica en otras instituciones. Pero si son contratados, simplemente se quedan sin empleo. “Si no hay metas, el maestro se retira. Y eso afecta directamente el desarrollo pedagógico. El profesor tendrá que hacer una sola clase para dos grados, y evidentemente no podrá avanzar como se debe”, añadió.
El decano también cuestionó que el proceso se haya iniciado en marzo, cuando aún hay estudiantes inscribiéndose. “Esto debió aplicarse en diciembre, no ahora. Muchos niños llegan tarde a la escuela por razones económicas o familiares. Cortar el proceso justo cuando empieza el año escolar es una medida insensible”, sostuvo.
¿Qué hacer frente a esta realidad?
Tanto los especialistas como los propios directores coinciden en que el problema no es solo presupuestal, sino estructural. Si bien el Estado debe optimizar recursos, también debe garantizar una educación de calidad, especialmente en zonas donde los niños enfrentan múltiples barreras para acceder y mantenerse en la escuela.
Para Daniel Najarro, una solución intermedia podría ser establecer perfiles más exigentes para los docentes que asumen aulas multigrado, además de capacitación especializada y un acompañamiento más cercano desde la UGEL. “Si vas a pedirle a un maestro que se haga cargo de dos grados, asegúrate de que esté preparado y que tenga las herramientas necesarias”, recomendó.
En paralelo, se deben mejorar las condiciones de infraestructura, acceso y permanencia escolar, sobre todo en sectores vulnerables. Porque detrás de cada cifra de racionalización, hay una historia: una maestra que pierde su empleo, un niño que se rezaga, una comunidad que siente que el Estado le da la espalda.
