Una grave crisis sacude a la Universidad Nacional de Piura (UNP) luego de que el Comité Electoral emitiera una resolución que anulaba las elecciones de dicha casa de estudios, la misma que salió publicada este jueves en el diario oficial El Peruano. Esta resolución se realizó sin el consenso de la mayoría de sus integrantes. El hecho generó una profunda indignación en la comunidad estudiantil y académica, y pone en entredicho la transparencia del proceso electoral.
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La Resolución N.º 020-PECR-CE-UNP-2025, firmada por el presidente del comité, Vicente Paredes Muro, oficializa la anulación del proceso que daba como virtual rector al doctor José Ordinola Boyer. Sin embargo, cuatro miembros del mismo comité –César Leonardo Haro Díaz, Juan Martín Reyes Reyes, Mauro Antón Nunura y Héctor Wilmer Fiestas Bancayán– denunciafron mediante una carta notarial que nunca se les convocó ni notificó formalmente para participar en la supuesta sesión en la que se tomó tal decisión.
«Nos deslindamos completamente de cualquier responsabilidad en esa resolución», señala el documento remitido por los firmantes, quienes aseguran que jamás participaron de una reunión para anular el proceso y que desconocen el contenido de lo aprobado.
El proceso electoral en cuestión contó con el respaldo y supervisión de entidades como la Defensoría del Pueblo, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Ministerio Público, quienes validaron la legalidad y normal desarrollo de los comicios.
Indignación estudiantil
Ante la sorpresiva publicación de la anulación, decenas de estudiantes se manifestaron en el campus universitario, exigiendo respeto por su voto y por la institucionalidad democrática. Con pancartas y arengas, defendieron los resultados que favorecían al candidato José Ordinola, señalando que la universidad «no puede seguir siendo rehén de intereses personales o políticos».
La UNP, una de las instituciones educativas más importantes del norte del país, está llamada a ser ejemplo de transparencia y legalidad, no de opacidad ni decisiones unilaterales. Este episodio, lejos de cerrarse, abre la puerta a nuevas acciones legales y a una mayor fiscalización por parte de organismos externos, ante lo que muchos consideran una violación flagrante del proceso democrático universitario.
