Un nuevo audio vuelve a poner bajo la lupa al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez. Un nuevo audio, difundido por diversos medios, se le escucha asegurar a una mujer que estaba en negociaciones con el Tribunal Constitucional (TC) y que “tenía” a dos magistrados que lo respaldaban, lo que revelaría un indicio de injerencia directa en el máximo órgano constitucional.
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Según la investigación fiscal, el audio se remonta a enero de 2024, cuando Santiváñez, en calidad de abogado, asumió la defensa de dos policías vinculados a la organización criminal «Los Pulpos en Trujillo»: Eber Riquelme Juárez y Miguel Salirrosas. En ese contexto, habría solicitado un pago de 20 mil soles como honorarios, además de US\$ 20 mil adicionales para cubrir —según su versión— el trabajo de “asesores externos”. A cambio, garantizaba que el recurso presentado en favor de Salirrosas fuera declarado fundado.
“Señito, estoy moviendo cielo y tierra, no se preocupe. (…) Nosotros tenemos a dos magistrados del Tribunal Constitucional que nos están apoyando”, se escucha en el audio difundido. El testigo protegido 01-2025 sostiene que esos pagos habrían servido para asegurar el resultado favorable y neutralizar la oposición del magistrado ponente, al que Santiváñez calificaba como “antipolicía”.
No es el único audio
La Fiscalía sostiene que este no es un caso aislado. El Ministerio Público cuenta con 77 audios atribuidos al actual ministro, entre ellos los entregados por el capitán PNP Junior Izquierdo, alias “Culebra”. En esas grabaciones, Santiváñez habría revelado que Dina Boluarte le pidió desarticular a la Diviac a cambio de su nombramiento, además de mencionar presuntas maniobras desde Palacio de Gobierno para facilitar la fuga del prófugo Vladimir Cerrón.
La investigación incluye, además de los audios, mensajes de WhatsApp y registros de transferencias bancarias que reforzarían la hipótesis de un esquema de cobros ilícitos e influencias en diversas entidades estatales. Por ahora, el Ministerio Público sigue reuniendo evidencias que podrían configurar delitos de cohecho y tráfico de influencias, mientras la presión política y mediática en torno al ministro Santiváñez no deja de crecer.
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