La promesa de conectar a miles de piuranos con internet de alta velocidad quedó en el aire. El Programa Nacional de Telecomunicaciones (Pronatel) desembolsó más de US\$ 10 millones en indemnización tras perder un arbitraje internacional por la indebida resolución de un contrato, y los proyectos de banda ancha en Piura y Tumbes permanecen paralizados, afectando directamente a comunidades rurales y servicios básicos de la región.
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De acuerdo con la Contraloría General de la República, seis funcionarios y servidores de Pronatel tendrían presunta responsabilidad civil por el perjuicio económico ocasionado al Estado, debido a que negaron de manera injustificada una ampliación de plazo a la empresa contratista y resolvieron indebidamente un contrato de financiamiento por más de US\$ 98.5 millones.
Actualmente, ambos proyectos se encuentran paralizados afectando a 422 comunidades rurales, así como a 428 locales escolares públicos, 254 establecimientos de salud y 35 comisarías, los cuales no pueden acceder al servicio de Internet de alta velocidad porque no se concretó la instalación de banda ancha para su conectividad integral y desarrollo social. En la práctica, niños y adolescentes de zonas alejadas no cuentan con Internet para sus estudios, postas médicas trabajan sin acceso a información digital y las comisarías rurales siguen operando desconectadas.
Ampliaciones
Durante la ejecución del contrato, Pronatel aprobó seis ampliaciones de plazo vinculadas principalmente a la falta de saneamiento legal de terrenos y a la resistencia de comunidades locales a ceder predios para los nodos del proyecto. Sin embargo, cuando la empresa solicitó una séptima ampliación por la misma problemática, la entidad denegó el pedido y resolvió el contrato, pese a que las causas habían sido reconocidas como no imputables a la contratista.
En 2019, la empresa demandó al Estado ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI), con sede en París. Tres años después, en 2022, el tribunal arbitral falló a su favor y ordenó una indemnización por “lucro cesante” —ganancias dejadas de percibir—, más los intereses generados. Entre octubre de 2024 y enero de 2025, Pronatel cumplió con el pago.
El caso es un golpe no solo a las arcas del Estado, sino sobre todo a Piura, una región donde la falta de conectividad digital en zonas rurales sigue marcando la brecha entre el desarrollo y el abandono.
