La madrugada del viernes 21 de noviembre, la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios ejecutó un operativo simultáneo de allanamiento y detención preliminar contra varios policías investigados por presuntos actos irregulares cometidos durante la intervención que se realizó en la comisaría de Tambogrande el 10 y 11 de junio de 2025. La diligencia, autorizada por el Poder Judicial, permitió incautar dispositivos electrónicos, documentación y otros elementos claves para el proceso.
El Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios a cargo del juez Christian Azabache Vidal ordenó la detención preliminar por 72 horas para cuatro policías por el presunto delito de concusión, quienes habrían detenido e intimidado a un ciudadano de Tambogrande por un presunto delito no corroborado de receptación.
De esta manera, el juzgado aprobó la detención preliminar por 72 horas de los suboficiales Bryan M. C. (30), Leandro J. A. (32), Jorge M. Á. (28) y Fransuat V. B. (27).
Del mismo modo, se desestimó la prisión preventiva contra otros cinco policías, entre ellos un alférez. Sin embargo, se ordenó el allanamiento y descerraje de sus inmuebles y oficinas de trabajo.
Hechos
De acuerdo a la Resolución N°02, la investigación se inició tras la denuncia del joven G.C.PH.S., quien aseguró haber sido intervenido y retenido de manera irregular la madrugada del 11 de junio. Según su testimonio, los agentes lo redujeron cuando celebraba su cumpleaños, lo trasladaron a la comisaría y, una vez dentro, lo mantuvieron sin registro formal alguno. Huertas relató que los policías lo golpearon, amenazaron y presionaron—según su denuncia— le exigieron dinero para evitar que lo imputaran por delitos inexistentes y para permitir la devolución de su motocicleta.
El denunciante señaló que, apenas ingresó al ambiente policial, uno de los agentes le advirtió que lo acusarían de delitos graves si no colaboraba, incluso como señal de intimidación le indicaron, “ahí son ocho años que te vas a ir preso”, además de acusarlo que había malogrado “algo del patrullero y que tenían que arreglar”. Y para meter mayor amedrentamiento le dijeron, “métele más cosas, más leyes para que se vaya más años preso».
En medio de las amenazas, uno de los policías le indica: «Ya. ¿Cuánto te vas a dejar?», a lo que la víctima le pregunta: «¿Cuánto quiere?», acordando en un inicio la entrega de 2 mil soles. Fue así que el detenido le pide a su papá que saque de su dormitorio 450 soles, los cuales entrega a los suboficiales, pero para que reúna el dinero pactado, estos lo dejan salir del calabozo para que traiga mil soles que ocultaba en su casa. Finalmente reunió S/1,450 y le entregó a los uniformados quienes lo dejaron salir de la comisaría y le devolvieron sus documentos y motocicleta.
Investigación
Estas versiones motivaron que la Fiscalía revisara los registros oficiales de la Comisaría de Tambogrande. Ninguno de los documentos —cuadernos de identidad, libros de detenidos ni actas de ingreso vehicular— consignaba la intervención del joven ni el ingreso de su motocicleta. Las actas presentadas posteriormente mostraban fechas y horas inconsistentes con los hechos denunciados. Asimismo, las consultas en los sistemas SUNARP y ESINPOL, según los informes técnicos, se realizaron días después, lo que contradecía la secuencia que los policías afirmaron en sus descargos.
Ante estos indicios, la Fiscalía concluyó que existían señales de posible manipulación documental, omisiones deliberadas y una presunta intención de dar apariencia de legalidad a una intervención no registrada. Con dicho sustento, el Ministerio Público solicitó al Poder Judicial allanamientos, incautación de dispositivos, levantamiento del secreto de comunicaciones y detención preliminar de los agentes involucrados, argumentando riesgo de obstaculización y destrucción de evidencia.
La intervención se ejecutó la madrugada del 21 de noviembre. Equipos fiscales y policiales especializados ingresaron de manera simultánea a los domicilios de los investigados, asegurando espacios, incautando computadoras, celulares, cuadernos y documentos privados y públicos. El material será sometido a análisis técnico y pericial para determinar si contiene comunicaciones, registros o archivos relacionados con la denuncia y con la elaboración extemporánea de documentos.
