El caso de la desaparición del universitario piurano Anthony Camizán Guerrero dio un giro determinante con la decisión del Poder Judicial de dictar nueve meses de prisión preventiva contra el suboficial PNP Mell Gipson Sancarranco Vega, luego de comprobarse que el celular del joven —desaparecido hace más de tres años— terminó en su poder. El agente es investigado por los presuntos delitos de encubrimiento real y obstrucción a la justicia, en un expediente que vuelve a colocar bajo cuestionamiento a varios miembros de la Policía Nacional.
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La medida se sustentó en el reciente hallazgo del iPhone 11 de Anthony, recuperado por agentes de inteligencia tras rastrear su número de IMEI. El equipo apareció en Morropón, en manos de una joven que dijo haberlo comprado a una mujer. Esta última señaló que el celular se lo entregó su hermano, el suboficial Sancarranco, quien dijo a su vez que recibió el teléfono del también suboficial Edixon Rone Córdova Godos, principal sospechoso de la desaparición de Anthony Camizán. Esta versión refuerza la hipótesis fiscal de que el aparato habría circulado entre efectivos policiales, lo que abriría un escenario de encubrimiento dentro de la institución.
La aparición del celular significa para los investigadores un punto de quiebre en el caso, pues permitirá acceder a datos de geolocalización, tráfico de llamadas, mensajes y movimientos registrados el día en que Anthony desapareció.
Mientras que, para la Fiscalía, este hallazgo debilita la coartada de Córdova, quien mantiene libertad mientras afronta un pedido de cadena perpetua por desaparición forzada y homicidio calificado. La familia de la víctima insiste en que su detención es inminente y necesaria para evitar filtraciones, obstrucciones o posible fuga.
Caso Anthony Camizán
El caso Anthony Camizán comenzó el 21 de agosto de 2022, fecha en que el estudiante fue visto por última vez junto a Córdova en dirección a la zona de Canchaque–Huarmaca. Dos días después, su hermano presentó la denuncia, iniciando una investigación que rápidamente empezó a mostrar contradicciones, cambios de versión y omisiones en los procedimientos policiales. Durante 2023 y 2024, la familia denunció retrasos en pericias, declaraciones inconsistentes y presuntas alteraciones documentales, mientras el principal sospechoso seguía en actividad.
La decisión judicial contra Sancarranco representa para los familiares de Anthony, un primer avance concreto tras años de lucha, angustia y lágrimas. Su hermano, Junior Camizán, agradeció el respaldo recibido, pero advirtió que la batalla no termina. “Ahora vamos por el PNP Edixon Rone Córdova Godos”, señaló, asegurando que continuarán presionando hasta que todos los responsables enfrenten la justicia. En un mensaje difundido en redes, agregó que la familia seguirá firme hasta lograr que Anthony “descanse en paz” y que el daño sufrido no quede impune.
Mientras tanto, el suboficial Sancarranco pasará al penal de varones de Piura (ex Río Seco), a la espera de que la Fiscalía complete las diligencias periciales sobre el teléfono, así como la reconstrucción digital de los últimos movimientos del joven desaparecido. Sus familiares sostienen que es inocente y anunciaron que apelarán la medida para que pueda afrontar el proceso en libertad.
