Con carteles en mano y entre gritos de “¡Justicia!”, familiares y amigos del joven estudiante de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP), Habner Joel Silva Jaramillo, asesinado el 27 de noviembre de 2025 en el distrito de Castilla realizaron una protesta en los exteriores de la Divincri–Piura, exigiendo celeridad en las investigaciones y una sanción ejemplar contra los responsables del crimen que ha conmocionado a la ciudad.
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La manifestación estuvo marcada por escenas de profundo dolor. Rosa Jaramillo Alberca, madre del universitario, alzó su voz entre lágrimas y pidió justicia por su hijo, a quien —según denunció— le arrebataron la vida sicarios, truncando sus sueños y proyectos. “Mi hijo solo quería salir adelante, no merecía morir así”, expresó ante la mirada de decenas de personas que se sumaron al reclamo.
La protesta se desarrolló de manera pacífica, pero cargada de indignación y dolor, reflejando el clamor de una familia y de una ciudadanía que exige respuestas concretas ante un crimen que ha generado consternación en la comunidad universitaria y en la población de Castilla.
Móvil del crimen
El abogado Julio Huertas, defensa legal de la familia del estudiante Habner Joel Silva Jaramillo, aseguró que el homicidio del joven no se trataría de un ajuste de cuentas, como señaló inicialmente la Policía, sino de un crimen pasional motivado por celos hacia una joven, tesis que —según indicó— es la primera línea de investigación que viene manejando el Ministerio Público.
Por este hecho, permanece detenido en la sede de la Divincri el presunto autor del crimen, identificado como Miltón José Morales León (18), alias “Moralitos”.
Durante una protesta realizada por familiares y amigos del estudiante en los exteriores de la Divincri, el abogado Huertas reveló que, según información manejada por la defensa, el detenido registra antecedentes policiales. Detalló que en febrero de 2025, la PNP detuvo a «Moralitos» en el distrito de Castilla en posesión de un artefacto explosivo y un manuscrito con la amenaza “plata o plomo”. Asimismo, indicó que en agosto del mismo año volvió a ser detenido, esta vez por presuntamente estar implicado en la posesión de dos vehículos robados.
Huertas exigió que, de encontrarse los indicios suficientes, el Ministerio Público solicite prisión preventiva contra el investigado.
Finalmente, precisó que la pena mínima por este delito sería de 15 años de prisión, aunque la familia del fallecido exigirá que se aplique la pena máxima contra el responsable.
