El Fondo de Vivienda Policial (Fovipol) volvió a desembolsar millones de soles para un proyecto de viviendas en la región Piura que presenta serias deficiencias estructurales y que, actualmente, muchas de las viviendas son inhabitable. La decisión se tomó pese a que el contrato con la empresa constructora fue resuelto años atrás debido a observaciones técnicas que ponían en riesgo la seguridad de las familias policiales beneficiarias.
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De acuerdo con un reportaje del programa dominical Cuarto Poder, el proyecto se remonta al año 2019, cuando Fovipol adjudicó la buena pro a la empresa KINSA para la construcción de 680 viviendas en dos zonas de Piura: 456 en el sector Las Palmeras de San Pablo y 224 en Oasis de Colán, por un monto total de S/100,347,200.
Los problemas salieron a la luz en 2022, cuando la empresa intentó entregar un primer lote de 114 viviendas. Tras una evaluación técnica, Fovipol detectó graves irregularidades en la construcción, determinando que las casas no cumplían con las condiciones mínimas de seguridad ni habitabilidad. Ante ello, la entidad se negó a efectuar los pagos correspondientes hasta que se levantaran las observaciones.
Sin embargo, las deficiencias nunca se corrigieron. El conflicto derivó en un proceso judicial y, finalmente, en la resolución del contrato con la constructora. Pese a este antecedente, en diciembre de 2024, con la designación del coronel PNP Edgar Paredes Montenegro como gerente general de Fovipol, el contrato se reactivó mediante una conciliación extrajudicial que permitió nuevos adelantos económicos por más de S/25 millones a favor de KINSA.
Visita a viviendas
La empresa, a través de un comunicado, aseguró haber construido y entregado formalmente 478 viviendas con servicios básicos completos. No obstante, una reciente visita de inspección encabezada por la congresista Maricruz Zeta evidenció una realidad distinta en el proyecto Las Palmeras de San Pablo.
Durante la fiscalización se constató la presencia de puertas mal instaladas y con orificios, lavaderos colocados directamente sobre el piso, revestimientos desprendidos, restos de materiales de construcción abandonados e incluso presencia de insectos en los ambientes. Debido a estas condiciones, muchas de las viviendas permanecen deshabitadas, ya que representan un riesgo para quienes pudieran habitarlas.
Especialistas advirtieron que, ante un sismo de mediana o gran magnitud, las viviendas podrían colapsar rápidamente, poniendo en peligro la vida de las familias policiales a las que estaban destinadas.
Finalmente, el programa dominical consultó sobre el tema, al gerente general de Fovipol, Edgar Paredes Montenegro, quien afirmó que, desde su perspectiva, “siempre se han defendido los intereses de Fovipol”. No obstante, a la controversia se suma el hecho de que el funcionario habría gestionado un préstamo superior a S/533 mil para la compra de un departamento en San Isidro mientras ejercía el cargo, situación que también viene generando cuestionamientos.
