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Denuncian penalmente a la congresista Milagros Jáuregui por presunta vulneración de niñas víctimas de violación

La activista Gahela Cari interpuso la demanda tras revelarse que menores embarazadas en el refugio de la legisladora serían expuestas públicamente. El Ministerio de la Mujer ya inició una intervención de oficio

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La congresista de Renovación Popular, Milagros Jáuregui de Aguayo, se encuentra en el centro de una tormenta legal y ética. Esta semana se formalizó una denuncia penal en su contra relacionada con el funcionamiento de su albergue, el «Hogar y Refugio La Casa del Padre», donde residen niñas de entre 10 y 13 años, víctimas de violación, que han sido forzadas a continuar con sus embarazos.

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Los cargos: Exposición y abuso de autoridad

La denuncia, interpuesta por la activista Gahela Cari, surge tras la difusión de imágenes en redes sociales donde se observa a menores de edad del refugio —algunas embarazadas y otras con sus bebés en brazos— participando en eventos públicos y coros religiosos.

Según el documento legal, los delitos imputados a la legisladora incluyen:

-Violación de la intimidad y revelación de información reservada: Por la presunta exposición de la identidad de menores bajo protección.

-Abuso de autoridad e incumplimiento de deberes funcionales.

-Afectación psicológica: Derivada de la presunta instrumentalización de las víctimas.

Intervención del Estado

Ante la gravedad de los hechos, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) anunció una «supervisión y verificación inmediata» del centro de acogida. El objetivo es determinar si el albergue cumple con los estándares de protección integral y si se ha vulnerado el Interés Superior del Niño.

Organizaciones de derechos humanos han calificado la situación como un caso de «maternidad forzada», señalando que obligar a niñas víctimas de violencia sexual a gestar y luego exponerlas públicamente constituye una forma de tortura institucionalizada.

La defensa de la congresista

Por su parte, Milagros Jáuregui ha rechazado las acusaciones. En declaraciones recientes, la parlamentaria aseguró que su refugio opera bajo la ley y que ninguna de las menores «se arrepintió de dar a luz». Respecto a las fotografías, negó haber sido la autora de la publicación y defendió la participación de las niñas en actividades grupales como parte de su formación.

«El albergue busca salvar las dos vidas», ha reiterado la congresista, quien también promueve leyes para eliminar el feminicidio y restringir el aborto terapéutico en el país.

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