El Gobierno aprobó el Decreto Legislativo n.° 1738, que establece un máximo de siete líneas móviles por persona natural en todo el país. La medida busca reducir el uso indebido del servicio telefónico en actividades ilícitas como extorsiones, fraudes y suplantación de identidad, prácticas que, según cifras oficiales, se realizan mayoritariamente a través de comunicaciones anónimas.
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La disposición modifica el Decreto Legislativo n.° 1338, que creó el Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (Renteseg), e incorpora un límite a la contratación de servicios públicos móviles para ciudadanos peruanos y extranjeros residentes. De acuerdo con el Ejecutivo, se han detectado casos de concentración excesiva de líneas en pocas personas —incluso más de 50 líneas activas a nombre de un solo titular— lo que facilita el anonimato y dificulta la labor de las autoridades en la identificación de responsables.
Sustento técnico
El sustento técnico de la medida se basa en la Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicaciones (Erestel) 2024, elaborada por el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), que revela que la mayoría de usuarios en el Perú posee entre una y seis líneas móviles. De hecho, el 66.6 % tiene solo una o dos, por lo que el nuevo tope no alteraría el patrón de consumo regular ni impactaría de manera significativa en el mercado de telecomunicaciones.
El Osiptel será la entidad encargada de supervisar el cumplimiento de la norma y podrá ordenar la baja de los servicios que excedan el límite, previa notificación y plazo para que los abonados regularicen su situación. Quienes ya cuenten con más de siete líneas antes de la entrada en vigencia —prevista para el 14 de febrero de 2026— podrán mantenerlas, pero no podrán contratar nuevas hasta reducir su número.
Con esta regulación, el Perú se suma a países que han adoptado restricciones similares para combatir delitos asociados al uso irregular de líneas telefónicas, apostando por limitar la concentración desproporcionada del servicio como una herramienta adicional en la lucha contra la criminalidad.
