El Gobierno de Chile ejecutó el pasado 16 de abril de 2026 un operativo de expulsión masiva que marca el inicio de una nueva etapa en su política migratoria. Bajo las directrices del presidente José Antonio Kast, se deportó a un grupo de 40 ciudadanos extranjeros desde la base aérea de Pudahuel. Este despliegue, que incluyó a personas de nacionalidad colombiana, boliviana y ecuatoriana, representa el cumplimiento de una de las promesas centrales de la actual administración para endurecer el control fronterizo.
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De acuerdo con el reporte oficial, las expulsiones se dividieron en dos categorías legales: 25 de ellas fueron de carácter administrativo, vinculadas a ingresos por pasos no habilitados, mientras que las 15 restantes respondieron a órdenes judiciales por delitos cometidos en territorio chileno. Este operativo forma parte del plan estratégico denominado «Escudo Fronterizo», el cual busca agilizar el trámite de las más de 46,000 órdenes de salida que permanecen pendientes en el sistema migratorio nacional.
La medida ha generado una fuerte polarización en la opinión pública y el espectro político. Mientras el oficialismo defiende estas acciones como una herramienta necesaria para restaurar el orden y la seguridad pública, diversas organizaciones de derechos humanos han manifestado su preocupación por el carácter masivo de las deportaciones. En paralelo, el Ejecutivo anunció que este es solo el primer paso de una serie de traslados aéreos y terrestres programados para las próximas semanas, reforzando la vigilancia en las fronteras del norte del país.
