La ejecución del proyecto de reconstrucción de pistas, veredas y sistema de drenaje pluvial del centro histórico de Piura, valorizado en más de S/ 113 millones, se encuentra en el centro de la controversia luego de confirmarse que la empresa a cargo, Corporación Diamante Jubers SAC, fue inhabilitada por el Tribunal de Contrataciones del Estado (TCE) hasta abril de 2028. La sanción responde a la presentación de información falsa en un proceso previo en la región Cusco, lo que ha generado serias dudas sobre la legalidad y transparencia de su participación en una de las obras más importantes de la región.
La medida quedó firme el 9 de febrero de 2026, cuando la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas declaró infundado el recurso de reconsideración presentado por la empresa. El colegiado determinó que Jubers SAC vulneró la fe pública al presentar documentación inexacta para adjudicarse un contrato de saneamiento por S/ 10.3 millones en el distrito de Anta, en Cusco. Pese a que la compañía intentó deslindar responsabilidad atribuyendo los hechos a su consorciado, el tribunal ratificó la responsabilidad solidaria mediante una segunda resolución, agotando la vía administrativa y confirmando la inhabilitación por 26 meses.
Adjudicación de obra en Piura
A pesar de estos antecedentes, el Gobierno Regional de Piura adjudicó el proyecto a la mencionada empresa. El proceso de selección ha sido cuestionado debido a que el comité evaluador aceptó como experiencia válida obras viales ejecutadas en otras regiones, sin considerar la falta de especialización en drenaje pluvial, componente clave del proyecto. Esta decisión dejó fuera a 72 empresas postoras, varias de ellas con trayectoria en ingeniería hidráulica, lo que ha despertado sospechas de presunto favorecimiento y posibles irregularidades en la adjudicación.
En el ámbito técnico, la obra evidencia un preocupante retraso. Al 17 de abril de 2026, el componente de drenaje pluvial apenas registraba un avance físico de 5.35%, muy por debajo del 55% previsto en el cronograma, lo que representa un desfase cercano al 50%. Esta situación resulta crítica ante la proximidad de la temporada de lluvias y el anuncio de un posible fenómeno de El Niño, incrementando el riesgo de afectaciones para la población.
Expediente técnico deficiente
El proyecto también arrastra deficiencias en su expediente técnico, elaborado en un inicio por la Municipalidad de Piura y luego corregido por Gobierno Regional. Estas fallas han obligado a incorporar adicionales por S/ 2.9 millones, elevando el costo del drenaje a más de S/ 71 millones. Entre las omisiones detectadas figura la falta de ductos de telecomunicaciones, lo que ha generado modificaciones en la ejecución y nuevas ampliaciones de plazo. Actualmente, la culminación del drenaje cuenta con una reprogramación para julio de 2026, mientras que el componente de pistas y veredas, con apenas un 11% de avance, se extendería hasta junio de 2027.
Frente a este panorama, especialistas y representantes de la sociedad civil han solicitado una investigación exhaustiva sobre la actuación del Gobierno Regional de Piura, tanto por la selección de la empresa como por las deficiencias en la formulación del proyecto. La continuidad de una obra clave en manos de una empresa inhabilitada y con antecedentes cuestionados no solo compromete la transparencia del proceso, sino también la seguridad y bienestar de la población piurana.
Piden investigar
Al respecto, Juana Huaco, especialista en Gestión Pública de la Universidad de Piura (UDEP), dijo que se debe investigar a la comisión del Gobierno Regional de Piura que entregó la obra a dicha empresa. “Hay una comisión [del Gobierno Regional] que debe colocar los filtros para evitar estos casos. Piura no es como otras regiones y la empresa que ejecuta los trabajos en nuestro centro histórico debe tener experiencia. No solo es abrir calles y abandonarlas. La pregunta es: ¿qué están haciendo Defensoría, Fiscalía, Poder Judicial, Contraloría? Lo que está pasando aquí es corrupción, con todas sus letras”, comentó a diario Correo.
Por su parte, el gobernador Luis Neyra León en entrevistas anteriores admitió las fallas, justificando los retrasos en la falta de un catastro urbano actualizado que obliga a los obreros a realizar labores de “paleontología” para hallar redes eléctricas y de agua no mapeadas.
