El Poder Judicial dictó 9 meses de prisión preventiva contra tres presuntos integrantes de la organización criminal “Los Verdugos- Nueva Generación”, investigados por presuntos coautores del delito de extorsión agravada.
De esta manera, el Segundo Equipo de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada (FECCOR) de Piura obtuvo la medida contra Evelyn Alcedo Campodónico (48), Evelyn Cueva Flores (22) y Jhayr Rivas Montero (22).
LEER MÁS: Policía desarticula presunta red de extorsión “Los Verdugos de la Nueva Generación” en Piura
En la misma audiencia, el Juzgado resolvió dictar comparecencia con restricciones y una caución económica de 20 000 soles para Tatiana Castillo (21). En tanto, un quinto intervenido durante los operativos del pasado 15 de septiembre, identificado como Douglas Campodónico (59), continuará bajo investigación en libertad.
Así también, contra los internos José L. Neciosup C. y Edson A. Chanta R. se dispuso comparecencia con restricciones. Como restricciones: la prohibición de comunicarse con testigos y coprocesados, además se ordenó sean resignados a pabellones de mayor seguridad para evitar la continuidad de sus actividades delictivas y evitar el acceso y contacto con la menor cantidad de población penitenciaria.
El Ministerio Público fundamentó el pedido presentando graves y fundados elementos de convicción que vinculan a los imputados con actos de extorsión agravada, desde el abastecimiento de chips informales y la ejecución de llamadas intimidatorias, hasta el cobro de cupos mediante transferencias digitales («yaperos»).
Tesis fiscal
Según la tesis fiscal, la red operaba desde mediados de 2024 con alcance en Piura (Castilla, Sullana y Paita), Chiclayo, Moyobamba, Ate, Ica y Santa. Sus cabecillas, los reclusos Neciosup y Maza, dirigían las extorsiones con celulares clandestinos, exigiendo cupos de hasta 20 000 soles o cuotas mensuales bajo amenazas de detonar granadas o incendiar vehículos.
La medida permitirá asegurar la presencia de los investigados durante el desarrollo de las diligencias pendientes y la continuación del proceso, mientras el Ministerio Público profundiza las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades penales que correspondan.
