La Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) en Piura, entidad clave en los procesos de reconstrucción y ejecución de obras públicas en la región, está en el centro de una controversia tras revelarse que se evalúa la contratación de Davies Soto Pozo, una persona sentenciada por violencia familiar y desobediencia a la autoridad, según consta en documentos oficiales del Poder Judicial.
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Proceso
De acuerdo al expediente judicial N.° 03909-2015-4-2001-JR-PE-03, tramitado en el Cuarto (ex Sétimo) Juzgado Unipersonal de Piura, la sentencia se emitió en septiembre de 2017 y quedó firme al no ser apelada. En este proceso, se detalla la denuncia contra Soto Pozo ocurrió en el año 2012 por su expareja, identificada con las iniciales J.S.M.M., por agresión física. Ante ello, el Poder Judicial otorgó medidas de protección y le prohibió acercarse a la víctima, ya sea en su domicilio o en cualquier lugar donde se encontrara, caso contrario corría el riesgo de una denuncia penal por desobediencia a la autoridad.
Pese a esta restricción, en noviembre de 2014, Davies Soto Pozo volvió a incurrir en actos de violencia al irrumpir en la vivienda donde se encontraba la agraviada. Según el informe judicial, llegó al lugar en presunto estado de ebriedad, profirió insultos contra la víctima, denigrándola por su condición de mujer, y luego la agredió físicamente: le dio puñetes en la cabeza y brazos, la tiró al suelo y la pateó. Solo se detuvo al notar que su hijo menor estaba presenciando los hechos.
Ante esta reiteración de la conducta violenta y el incumplimiento de la orden judicial, el proceso culminó con un acuerdo de terminación anticipada. El Poder Judicial dispuso la reserva del fallo condenatorio por el delito de desobediencia a la autoridad, en agravio del Estado – Poder Judicial, e impuso reglas de conducta a Soto Pozo.
La eventual contratación de una persona con estos antecedentes en una entidad pública plantea serias dudas sobre los filtros éticos en la designación de personal en organismos del Estado, especialmente en cargos vinculados a recursos públicos y políticas de desarrollo regional.
Fuente: Correo
