La Comisión de Ética Parlamentaria aprobó este lunes el informe contra la congresista María Agüero Gutiérrez (Perú Libre), recomendando su suspensión por 120 días sin goce de haber tras declarar fundada una denuncia que la acusa de apropiarse ilícitamente del 10% del sueldo de los trabajadores de su despacho. El caso, uno más en la larga lista de escándalos por “Mochasueldos” en el Congreso, deberá ahora pasar al Pleno para su votación final.
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Con nueve votos a favor y tres en contra, el grupo de trabajo parlamentario respaldó el informe final del expediente N.º 190-2024-2025/CEP-CR, que detalla la gravedad de los hechos imputados a la legisladora arequipeña. De ratificarse en el Pleno, Agüero se convertirá en otra parlamentaria suspendida por prácticas que, pese a ser reiterativas y escandalosas, siguen sin encontrar un freno real en el Legislativo.
Una práctica reiterada en el Congreso
La denuncia, originalmente revelada por un reportaje del dominical Punto Final, expone una red de cobros sistemáticos dentro del despacho de Agüero. Según el testimonio de un excolaborador, la congresista exigía mensualmente una porción del salario de sus empleados con el argumento de que era un aporte necesario para el partido. “El partido tiene gastos, tiene logística y, por ende, teníamos que dar una especie de diezmo”, relató el denunciante, cuya identidad se mantiene bajo reserva.
Este “aporte” habría sido coordinado con la ayuda de su chofer, el hombre de confianza de la legisladora, y un personaje clave: un allegado de nombre César, descrito como “su mano derecha” y responsable de recoger el dinero, además de bonos y gratificaciones, todos los meses.
¿Reforma ética o maquillaje político?
Este nuevo caso se suma a una preocupante tendencia: congresistas que hacen de sus trabajadores una caja chica personal. Pese a las sanciones que impone la Comisión de Ética, estas no siempre prosperan en el Pleno, donde la lógica partidaria y los pactos informales terminan por archivar sanciones, diluir responsabilidades o relativizar la gravedad de las faltas.
Lo que ocurra en el Pleno con el caso de María Agüero marcará un termómetro político: o se empieza a trazar una línea roja contra los “diezmos” parlamentarios o se confirma, una vez más, que la impunidad todavía tiene escaños en el Congreso.
