La Defensoría del Pueblo exigió a la Policía Nacional del Perú (PNP) informar con claridad qué acciones concretas desplegó tras la denuncia por la desaparición de Xiomara Alejandra Huertas Santiago, la joven universitaria, de 18 años, cuyo cuerpo fue hallado sin vida y enterrado en el corral de su propio tío, en la Villa Vichayal en el distrito de La Arena, en Piura. Para la institución, resulta clave establecer si se activaron los protocolos de búsqueda inmediata, pues de ello dependerá identificar responsabilidades y eventuales falencias en el sistema de atención a casos de desaparición de mujeres.
La tragedia de Xiomara comenzó el 19 de agosto, cuando su familia reportó la desaparición ante las autoridades. En medio de la desesperada búsqueda, su madre incluso fue víctima de un intento de extorsión: desconocidos le exigieron cien mil soles a cambio de la supuesta entrega con vida de su hija. Cinco días después, el 24 de agosto, familiares y la población de la Villa Vichayal notaron tierra removida en el corral de la vivienda del tío de la joven. Al excavar, descubrieron el cuerpo maniatado y cubierto con tierra. El principal sospechoso, su propio familiar, enfrenta una detención preliminar de siete dias y hoy permanece bajo investigación por presunto feminicidio.
Feminicidios en Piura
La Defensoría recordó que este crimen no es un hecho aislado: este hecho se suma a cuatro feminicidios en lo que va del año, en Piura, además de múltiples desapariciones. Tan solo en junio, se contabilizaron nueve denuncias de mujeres desaparecidas en la región, lo que demuestra que este es un problema estructural que requiere respuestas inmediatas y eficaces de la Policía. Por ello, la institución enfatizó que es indispensable saber cómo actuó la PNP en las primeras horas y días tras la denuncia de la familia de Xiomara.
De manera paralela, la Oficina Defensorial de Piura informó que se mantiene en coordinación permanente con la Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer, que solicitó ampliar la detención preliminar del principal sospechoso, Jorge Junior Silva Álvarez, así como con el Centro Emergencia Mujer (CEM) La Unión, que ya brinda acompañamiento emocional, asesoría legal y apoyo psicosocial a los familiares de la víctima.
La Defensoría del Pueblo aseguró que supervisará cada etapa del proceso penal y exigió que las autoridades actúen conforme a lo establecido en la Ley 30364, que obliga al Estado a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. “No podemos permitir que crímenes como el de Xiomara queden en la impunidad ni que las denuncias de desaparición se atiendan con indiferencia”, subrayó la institución en su pronunciamiento.
De confirmarse el feminicidio, el caso de Xiomara se sumará a la dolorosa lista de mujeres asesinadas en Piura y marcará un nuevo llamado de alerta para que las autoridades asuman con responsabilidad y diligencia la protección de la vida de las mujeres y niñas en la región.
