La crisis institucional en la Universidad Nacional de Piura (UNP) continúa. La catedrática Socorro Granda presentó este jueves una denuncia penal contra miembros del Comité Electoral, a raíz de la controversial anulación del proceso de elección complementaria al rectorado para el periodo 2025–2028, que dio como virtual ganador al Dr. José Ordinola Boyer.
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La denuncia fue interpuesta ante la Fiscalía Provincial Penal de Castilla y apunta directamente a los integrantes del Comité Electoral: Vicente Luis Paredes Muro (presidente), Raúl Izquierdo Gonzáles, Karla Lorena Saldarriaga Pasapera, Carlos Renatto Nery Palacios Alemán y Luigui Baltazar Saavedra Alburqueque. A ellos se suman José Lachira Coveñas y Alex Enrico De la Cruz Prado.
Granda sostiene que la Resolución N.º 020-PECR-CE-UNP-2025 —que declara la nulidad del proceso electoral— se emitió sin contar con la participación de todos los miembros del Comité, contraviniendo las normas internas de la universidad. Para la denunciante, este acto no solo afecta gravemente la institucionalidad de la UNP, sino que también vulnera los derechos de los candidatos que participaban en la contienda electoral.
El documento oficial, con fecha 14 de julio, se difundió la madrugada del miércoles 16 y este jueves 17 de julio se publicó en el Diario Oficial El Peruano. En él se declara la nulidad total de las elecciones complementarias, argumentando la existencia de diversas irregularidades durante las jornadas de votación.
Cuatro miembros del Comité Electoral desconocen resolución
No obstante, el sustento de dicha resolución generó mucha controversia. Cuatro miembros del propio Comité Electoral —César Leonardo Haro Díaz, Juan Martín Reyes Reyes, Mauro Antón Nunura y Héctor Wilmer Fiestas Bancayán— se deslindaron públicamente mediante una carta notarial, asegurando no haber participado en ninguna sesión en la que se haya discutido o aprobado la anulación del proceso.
La acción legal emprendida por Socorro Granda expone una preocupante fractura al interior del ente electoral universitario y profundiza la incertidumbre en torno al futuro del gobierno universitario en la UNP. Mientras tanto, la comunidad académica permanece en vilo, a la espera de una respuesta del Ministerio Público que ayude a esclarecer este controvertido episodio.
