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Con acción de amparo buscan declarar nula la disolución de la Caja Sullana

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El abogado constitucionalista, Dr. Jorge Purizaca, presentó el miércoles 4 de septiembre una acción de amparo ante el Tercer Juzgado Constitucional de Lima en defensa de los derechos laborales de 1,890 trabajadores que fueron despedidos tras la disolución de la Caja Sullana, el 11 de julio. La medida está dirigida contra la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y la Caja Sullana en liquidación.

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Purizaca sostuvo que las acciones realizadas por la SBS, al ordenar la disolución de la entidad financiera, vulneraron derechos fundamentales de los trabajadores, además de afectar la libre empresa, la legalidad y el debido proceso, tal como establece el artículo 139, numeral 3 de la Constitución. «Si lo que ha hecho la SBS contraviene los derechos de los trabajadores, se debe declarar nulo todo lo realizado a partir del 11 de julio», enfatizó.

En la demanda de amparo, también se mencionan presuntas irregularidades en el proceso de intervención de la SBS, destacando una «rapidez excesiva» y falta de transparencia. Según Purizaca, la resolución 2477, emitida por la SBS, no especifica cuál fue la empresa certificada que validó que la Caja Sullana había perdido más del 50% de su patrimonio efectivo al 31 de mayo de 2024.

Preocupación

El caso genera preocupación por el impacto en cientos de familias que dependen de los trabajadores afectados, y pone en el centro del debate la actuación de la SBS y sus procedimientos de intervención. Se espera que el Poder Judicial se pronuncie sobre la acción de amparo en los próximos días.

Como se recuerda, el 11 de julio, la Superintendencia de Banca, Seguro y AFP intervino a la Caja Sullana por falta de solvencia financiera, lanzando a concurso sus activos, que al día siguiente los adquirió la Caja Piura; sin embargo, dejó en medio del desamparo y la incertidumbre a 1890 trabajadores que venían laborando con normalidad ante de la intervención de la SBS.

«Todo lo que en la Constitución favorece a un trabajador a un ciudadano está por encima de cualquier reglamento, de cualquier Superintendencia y de cualquier ley, porque la Constitución está por encima de cualquier ley que vaya contra los derechos que ella (Constitución) defiende y que haya proclamado», detalló el abogado Purizaca.

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