La Comisión Permanente del Congreso archivó este jueves 11 de septiembre la denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte y seis de sus exministros por las muertes ocurridas durante las protestas sociales registradas entre diciembre de 2022 y febrero de 2023. Con 12 votos a favor y 10 en contra, el Parlamento cerró el caso tras un extenso debate en el que la mayoría concluyó que no existían pruebas suficientes para imputarles responsabilidad penal.
La acusación, presentada por el Ministerio Público, señalaba a Boluarte y a su gabinete como responsables de homicidio calificado, lesiones graves y leves bajo la figura de omisión impropia con dolo eventual, atribuyéndoles 44 muertes y 116 heridos ocasionados por el uso desproporcionado de la fuerza policial y militar en diversas regiones del país. El informe aprobado, sin embargo, sostuvo que no se acreditó una relación directa entre las decisiones de la mandataria y los resultados letales de las manifestaciones, ni que los altos funcionarios tuvieran competencia operativa sobre las fuerzas del orden.
La decisión generó fuertes críticas de la oposición. Congresistas como Ruth Luque y Flavio Cruz denunciaron un intento de blindaje y advirtieron que el Parlamento está “creando una memoria histórica nefasta” al archivar la denuncia. Aunque se presentó un pedido de reconsideración, este fue rápidamente rechazado con 13 votos en contra.
En el plano legal, el archivo limita la posibilidad de un antejuicio político contra Boluarte y sus exministros, pero no detiene las investigaciones de la Fiscalía, que aún puede presentar nuevos cargos si reúne evidencias sólidas. Mientras tanto, la responsabilidad política y moral por las muertes en protestas sigue dividiendo al país.
