La moderna construcción del estadio Miguel Grau de Piura anunciada con bombos y platillos por el gobernador regional Luis Neyra León, atraviesa su momento más crítico. La Contraloría General de la República confirmó que el proyecto —valorado en más de S/ 200 millones— se encuentra paralizado debido a incumplimientos del propio Gobierno Regional de Piura (GORE), responsable de no responder a tiempo las consultas técnicas esenciales para la ejecución de la obra.
El informe de control concurrente 101-2025-OCI/5349-SCC detalla que la entidad regional no absolvió, dentro de los plazos establecidos por ley, consultas claves formuladas por el contratista sobre deficiencias del expediente técnico. Esta falta de respuesta generó la paralización de los trabajos desde el 3 de noviembre, situación que ya fue advertida en informes anteriores.
Deficiencias en el expediente técnico y consultas sin respuesta
Las consultas que el GORE dejó sin atender están directamente relacionadas con fallas en las partidas de Arquitectura y Estructuras, incluidas discrepancias entre el levantamiento de campo y el diseño propuesto. El contratista advirtió la necesidad de replantear la ubicación de algunas estructuras para evitar incompatibilidades, pero para ello requería archivos digitales de superposición que nunca fueron entregados.
Contraloría señala que, pese a que el pedido se realizó formalmente, han transcurrido 37 días calendario sin ningún pronunciamiento por parte del Gobierno Regional. Esto impidió que el proyectista evalúe las observaciones y proponga una solución técnica manteniendo el diseño aprobado.
Además, el organismo de control advierte que el GORE tampoco respondió las consultas sobre la necesidad de demoler todas las tribunas existentes del estadio. Para el 18 de noviembre, fecha en que se firmó el Acta de Suspensión del Plazo de Ejecución de Obra n.° 1, la entidad ya había superado en 9 días el plazo para absolver estas consultas.
Pago millonario pese al mínimo avance
Aunque la obra está detenida, el Gobierno Regional de Piura ya pagó S/ 4.9 millones al Consorcio EPiura, integrado por la sucursal colombiana TECA Ingeniería S.A.S. y R & G Contratistas SCRL. El problema es que el avance real de la obra es de apenas 1,64%, frente al 17,66% programado, lo que refleja un retraso de 16,19%.
Para la Contraloría, esta brecha evidencia una falta de control y seguimiento adecuado por parte de la entidad regional, además de un riesgo financiero en la gestión del millonario presupuesto destinado al proyecto.
Liquidación del proyectista en medio de cuestionamientos técnicos
A la crisis se suma una decisión reciente: el 26 de noviembre, el Gobierno Regional aprobó la liquidación del contrato con el proyectista y responsable del expediente técnico, el Consorcio Alfa 360, del arquitecto Samuel Pineda. La resolución indica que se le aplicó una penalidad de casi S/ 37 mil por atraso injustificado.
Pineda, sin embargo, sostiene que el propio GORE Piura canceló parcialmente el contrato, dejando incompleto el expediente técnico y obligando a replantear todo el proyecto, lo que podría retrasarlo entre seis meses y un año. Esta afirmación coincide con las observaciones del informe de Contraloría sobre deficiencias no resueltas en el diseño.
