En un contexto de creciente violencia y ataques criminales, el Ejecutivo promulgó este lunes 22 de septiembre la Ley N.° 32446, que modifica el Código Penal e incorpora el delito de criminalidad sistemática. Con esta norma, quienes cometan delitos como extorsión, sicariato, secuestro, homicidio calificado o robo agravado, utilizando armas de fuego, explosivos u otros medios que generen zozobra en la población, podrán recibir la pena de cadena perpetua.
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La disposición, publicada en el Boletín de Normas Legales de El Peruano, lleva la rúbrica de la presidenta Dina Boluarte y el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana. El texto señala que “el que, mediante el uso de municiones, armamento de fuego militar o civil, artefactos explosivos u otros de similar característica provoque o realice conductas que se tipifican como delitos graves, creando terror en la población o en una parte de ella, será reprimido con cadena perpetua”.
Aprobada en el Congreso tras meses de debate
La norma se presentó en la legislatura pasada y aprobada en segunda votación el último 4 de septiembre, con 83 votos a favor, 27 en contra y una abstención. Según recordó Flavio Cruz (Perú Libre), presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, la propuesta reunió 17 proyectos de ley de diferentes bancadas y atravesó un largo proceso de discusión desde octubre de 2024.
Críticas y cuestionamientos
Sin embargo, no todos respaldaron la medida. Gladys Echaíz (Honor y Democracia) consideró que el problema no está en la ausencia de leyes, sino en los plazos de investigación policial: “Con 48 horas de detención es imposible levantar el secreto de las comunicaciones o individualizar a los autores. Se necesita ampliar a 15 días, como ocurre en casos de terrorismo”, advirtió.
En la misma línea crítica, Ruth Luque (Bloque Democrático Popular) calificó la norma como “populismo penal”, al advertir que expresiones como “otros de similar características” pueden abrir la puerta a arbitrariedades en su aplicación.
Defensa del endurecimiento de penas
Otros legisladores defendieron la norma como una herramienta necesaria frente a la escalada de violencia. Diego Bazán (Renovación Popular) recordó dos ataques recientes con explosivos en Trujillo: “El 20 de enero de 2025 dinamitaron la sede del Ministerio Público y el 15 de agosto hicieron lo mismo en una calle concurrida. Necesitamos ser contundentes contra los criminales. Esta ley tipifica un delito que hoy no existe en el Código Penal”, sostuvo.
La promulgación de la Ley N.° 32446 se convierte en una de las medidas más duras adoptadas contra la criminalidad organizada en el país. Aunque su aplicación genera debate, refleja la presión política y social por responder con firmeza al avance del sicariato, la extorsión y los atentados con explosivos que golpean especialmente a las regiones del norte.
