En medio de una creciente polémica y señalamientos públicos, la familia Chumpitaz Panta emitió un comunicado oficial en el que lamenta profundamente la muerte del menor de 12 años ocurrida el pasado 29 de marzo y se defiende de las acusaciones que los vinculan a este trágico suceso.
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Según el pronunciamiento, la familia Chumpitaz Panta denuncia una serie de hechos violentos que habrían desencadenado la tragedia. Relatan que el incidente ocurrió cuando un mototaxi negro y azul ingresó sin autorización a su propiedad, rompiendo el candado de acceso y avanzando hasta la parte alta de sus viviendas. Durante el ingreso forzado, uno de los ocupantes del vehículo habría agredido físicamente a Lily Amaya, sobrina de la familia, antes de que el conductor, en un intento de fuga, la atropellara, dejándola inconsciente.
Aseguran que no conocían la edad de las víctimas
La familia asegura que en ningún momento conocían la identidad o edad de los ocupantes del mototaxi y expresa su solidaridad con los deudos del menor fallecido. Asimismo, se comprometen a asumir las responsabilidades legales que el caso amerite, en el marco de una investigación exhaustiva y objetiva por parte de las autoridades.
No obstante, el comunicado también denuncia una serie de actos de violencia desatados en su contra. La familia describe cómo el lunes 31 de marzo, un numeroso grupo de personas, presuntamente instigadas por elementos delincuenciales, ingresó violentamente a su parcela destruyendo viviendas, quemando vehículos, robando pertenencias, y matando ganado. Posteriormente, la turba habría incendiado cercos en terrenos sin construir de la familia, lo que, según afirman, constituye un intento de invasión ilegal.
En su pronunciamiento, la familia Chumpitaz Panta exige garantías personales y protección por parte de la Subprefectura Distrital, Provincial y la Prefectura Regional, asegurando que sus vidas están en peligro. También solicitan una intervención eficaz de las autoridades judiciales para esclarecer los hechos y poner fin a la situación de violencia e inseguridad que, aseguran, los ha afectado desde hace tiempo.
En tanto, las autoridades fiscales iniciaron las investigaciones para esclarecer responsabilidades y brindar justicia tanto a la familia del niño fallecido como a los heridos producto de este incidente.
«Mi hijo no era un delincuente»
Al respecto, la familia de Jordan Cobeñas, de 12 años, quien falleció producto de más de diez impactos de perdigón en la cabeza, así como, de los menores heridos, negaron rotundamente que estos estén implicados en hechos delictivos, y catalogaron la versión de la familia Chumpitaz como una estrategia para evadir a la justicia. “Mi hijo es un escolar, no es un delincuente”, dijo el padre de familia de Jerson, además mencionó que ellos habrían sido confundidos.
Se espera que en los próximos días se arrojen más luces sobre este complejo y delicado caso que mantiene en vilo a la población de La Unión.
