Por más de seis años, el suboficial de tercera Elvis Miranda Rojas enfrentó una batalla judicial que puso en tela de juicio no solo su actuación, sino el respaldo de los órganos de justicia a los agentes del orden en intervenciones de alto riesgo. Hoy, a un mes de ser absueto por el Poder Judicial, su caso vuelve al punto de partida.
El Ministerio Público, a través de la fiscal María Angélica Lazo Alburqueque de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Castilla, interpuso una apelación contra la sentencia absolutoria emitida el pasado 29 de abril por el Quinto Juzgado Unipersonal de Piura. La solicitud se formalizó el 16 de mayo mediante el escrito N.° 44627-2025, con el objetivo de que un tribunal superior reevalúe el fallo que eximió de responsabilidad penal al efectivo policial.
La Fiscalía considera que existen fundamentos jurídicos suficientes para revisar la decisión y que el accionar de Miranda en la intervención policial que culminó con la muerte de un presunto delincuente debe tenr un nuevo análisis por una instancia superior.
Seis años de acusaciones, prisión y resistencia
Los hechos se remontan a enero de 2019, cuando el suboficial Miranda participó en una intervención en el distrito de Castilla, Piura, tras una llamada de auxilio ciudadano. Durante la operación, uno de los sujetos —señalado como delincuente— resultó abatido. El Ministerio Público acusó a Miranda de homicidio culposo, alegando un uso excesivo de la fuerza y afirmando que la víctima no estaba armada, basándose en la ausencia de restos de disparo.
Miranda pasó varios meses en prisión preventiva, a pesar de que —según él mismo declaró— cumplió con todos los protocolos que establece la Policía Nacional del Perú. En su intervención final durante el juicio, fue tajante:
“Desde el inicio de este proceso, seis fiscales se presentaron ante el juez para lograr mi prisión preventiva, basándose en una testigo cuya declaración se ha demostrado incongruente. Bastó eso para privarme de mi libertad”, expresó ante la sala.
La defensa del suboficial también apeló el fallo en un aspecto clave: aunque fue absuelto, el tribunal impuso el pago de S/ 20,000 como reparación civil a favor de los deudos del fallecido.
Cabe recordar que tanto el Fuero Militar Policial como la propia institución policial ya habían absuelto previamente a Miranda por los mismos hechos, respaldando la legalidad de su accionar.
¿Justicia o persecución?
El caso de Elvis Miranda ha reavivado el debate sobre el respaldo legal a los efectivos policiales durante intervenciones críticas. Para algunos, se trata de un proceso necesario para garantizar el respeto a los derechos humanos. Para otros, una muestra más de cómo se criminaliza a quienes arriesgan su vida por proteger a la ciudadanía. Ahora será un tribunal superior el que decida si el caso debe reabrirse.
