Tras el trágico asesinato del alcalde del distrito de Veintiséis de Octubre, Víctor Hugo Febre, a manos de sicarios, el gobernador regional de Piura, Luis Neyra, solicitó una profunda reestructuración y cambios radicales dentro de la Policía Nacional del Perú (PNP) en la región.
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Neyra cuestionó duramente los criterios de asignación y designación de oficiales en la jefatura policial piurana, señalando presuntos actos de favoritismo en la colocación de mandos en comisarías estratégicas. Ante esto, anunció que presentará un requerimiento formal ante el Comandante General de la PNP para exigir la remoción inmediata de los malos elementos, argumentando que existen efectivos que se coluden con organizaciones criminales para lucrar de forma ilícita.
Sin reportes oficiales de amenazas
En declaraciones para Canal N, la máxima autoridad regional reveló que Víctor Hugo Febre —a quien describió como uno de los líderes locales más estimados del departamento— nunca reportó ante su despacho o en las sesiones de coordinación haber sido objeto de amedrentamientos o extorsiones. Añadió que si existían alertas previas de peligro, estas se manejaron estrictamente en el ámbito íntimo de su hogar.
Frente a este panorama, Neyra instó a la PNP y al Ministerio del Interior (Mininter) a acelerar las investigaciones para capturar tanto a los ejecutores materiales como a los autores intelectuales del atentado, advirtiendo que este crimen refleja la desprotección en la que se encuentran las autoridades y la ciudadanía.
Convocatoria al Coresec y críticas al Ejecutivo
Como medida de contingencia inmediata, el gobernador regional anunció la convocatoria de urgencia al Comité Regional de Seguridad Ciudadana (Coresec). Esta sesión contará con la participación del Poder Judicial, el Ministerio Público y alcaldes provinciales para reestructurar los planes de patrullaje integrado en la región.
Finalmente, Neyra criticó la falta de una política pública nacional de seguridad ciudadana por parte del Gobierno central que resulte verdaderamente efectiva para frenar las muertes por encargo y los robos agravados que continúan golpeando al norte del país.
