Frente a una criminalidad que se mantiene incontrolable, el Gobierno de Dina Boluarte prorrogó por 30 días el estado de emergencia en Lima Metropolitana y la provincia constitucional del Callao, en un intento por contener los delitos que han recrudecido en las últimas semanas.
El Decreto Supremo N.º 046-2025-PCM, publicado este domingo, extiende la medida desde el 17 de abril y plantea restricciones más severas, especialmente en el tránsito de vehículos menores como motocicletas (categorías L1 y L3). Durante este periodo, solo se permitirá la circulación con el conductor, prohibiéndose el traslado de acompañantes, así como el uso de accesorios que impidan identificar el rostro.
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La norma exceptúa de esta disposición al personal policial, militar, serenazgo y bomberos, siempre que se encuentren en ejercicio de sus funciones.
Además, se refuerza el rol de la Policía Nacional como responsable del control del orden interno, con el respaldo de las Fuerzas Armadas en zonas estratégicas que determine la institución. Una vez concluido el régimen de excepción, la Policía tendrá un máximo de cinco días hábiles para presentar un informe detallado al ministro del Interior, Julio Díaz, sobre las acciones ejecutadas y sus resultados.
Una medida que no frena la violencia
El Ejecutivo adoptó esta decisión en medio de una crisis de inseguridad que golpea con fuerza a la capital, donde en las últimas semanas se han registrado asesinatos, extorsiones y atentados que mantienen en vilo a la ciudadanía.
El caso que encendió las alarmas fue el asesinato del cantante Paul Flores, de la agrupación Armonía 10, ocurrido el pasado 16 de marzo en San Juan de Lurigancho. Desde entonces, la violencia no ha cesado: conductores de transporte público son blanco de ataques, lo que llevó al sector a movilizarse el jueves 10 de abril, exigiendo garantías.
El decreto lleva la firma de Boluarte, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, y los titulares de Defensa, Walter Astudillo; Interior, Julio Díaz; Justicia, Eduardo Arana y Transportes, Raúl Pérez-Reyes.
Con esta prórroga, el Gobierno intenta enviar un mensaje de firmeza, aunque los resultados del primer mes de estado de emergencia siguen en entredicho. La ciudadanía espera respuestas claras y efectivas, más allá de las restricciones al tránsito o la militarización de las calles.
