La tensión diplomática entre Perú y Colombia se reaviva. Durante un discurso en Leticia por la conmemoración de la Batalla de Boyacá, el presidente colombiano Gustavo Petro desconoció abiertamente la soberanía peruana sobre el distrito de Santa Rosa, ubicado en la frontera amazónica, y advirtió que su gobierno está dispuesto a llevar el caso ante instancias internacionales si no se alcanza un acuerdo bilateral.
Según Petro, el territorio de la isla Santa Rosa «no ha sido asignado ni al Perú ni a Colombia», afirmando que el control peruano sobre la zona es un acto unilateral que no cuenta con base jurídica. “El acto de exigir el registro a las embarcaciones en la denominada isla de Santa Rosa es inaceptable y violatorio al espíritu de la libre navegabilidad por el río Amazonas”, declaró, cuestionando el rol de las autoridades peruanas en esa jurisdicción.
El mandatario colombiano argumentó que la soberanía sobre Santa Rosa no se comtempló en el Protocolo de Río de Janeiro de 1934, ya que —según sus palabras— la isla surgió después de los años 50 y no sería una extensión natural de la isla Chinería, como sostiene el Perú. “Tenemos pruebas técnicas y científicas. La isla de Santa Rosa surgió nueva después de los años 50. El tratado dice que, si surge una isla nueva, los dos gobiernos deben ponerse de acuerdo, y Perú se ha negado a ello”, sostuvo Petro.
Petro participará en reunión con autoridades peruanas
En esa línea, anunció su disposición a participar en la próxima sesión de la Comisión Mixta Peruano-Colombiana (Comperif), convocada por el canciller peruano Elmer Schialer para los días 11 y 12 de septiembre. No obstante, fue claro en advertir: “Si el Comperif no funciona, iremos a la demanda internacional. Y esta vez con la juridicidad internacional que ya demostramos en la defensa del mar territorial de San Andrés”.
Las declaraciones del jefe de Estado colombiano generaron preocupación en Lima, ya que ponen en entredicho el dominio peruano sobre una zona estratégica en la cuenca amazónica. La Cancillería peruana aún no emite un pronunciamiento oficial, aunque se espera una respuesta firme ante lo que se interpreta como una afrenta directa a la soberanía nacional.
