Una requisa extraordinaria realizada este martes 1 de julio en el pabellón 5 del penal de varones de Piura (ex Río Seco) reveló el nivel de ilegalidad y peligrosidad que persiste tras los muros de esta cárcel. En la intervención, ejecutada desde tempranas horas de la mañana, se incautaron mini celulares, droga, cargadores, armas punzocortantes y agendas telefónicas, muchos de estos elementos escondidos en caletas camufladas en paredes, pisos y hasta en cavidades anales de los internos.
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El operativo estuvo a cargo del Ministerio Público a través de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada (FECCOR), con apoyo del INPE y bajo la coordinación de la presidenta de la Junta de Fiscales Superiores de Piura, Faviola Susana Campos Hidalgo. En total, participaron 31 fiscales de distintas especialidades, quienes tomaron control del pabellón para realizar registros personales y allanamientos en las celdas.
Hallan celulares, agenda y droga
La intervención se centró en el pabellón 5, donde se tomó control de la población carcelaria para realizar registros personales. Durante esta fase, se encontraron agendas telefónicas, «ketes» de droga y, gracias al uso de detectores de metales, se descubrieron internos que habían ocultado mini celulares en cavidades anales.
Posteriormente, la requisa se extendió a las celdas del mismo pabellón, donde se halló una cantidad considerable de material ilícito, incluyendo más «ketes» de droga y armas punzocortantes. Además, se descubrieron «caletas» (escondites) en forados de paredes y pisos, donde se guardaban mini celulares.
En total, se incautaron 7 mini celulares, cargadores, cables de datos y diversas piezas de teléfonos.
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En tanto, durante la revisión de las celdas y el registro personal de los internos continuó arrojando resultados. Soprendentemente, tres internos escondieron equipos celulares y cargadores en sus cavidades anales, quienes, tras el interrogatorio y, a pesar de su negativa inicial a colaborar, finalmente entregaron los objetos ilícitos.
Finalmente, todos los hallazgos fueron puestos a disposición de las fiscalías especializadas correspondientes para las investigaciones pertinentes. Por su parte, el Ministerio Público informó que el uso de equipos celulares dentro de un penal puede incrementar la condena hasta en tres años, y si está vinculado a un acto delictivo, la pena puede aumentar en 10 años adicionales.
