Más de 200 escolares en situación de pobreza y extrema pobreza del distrito de San Miguel de El Faique, en la provincia de Huancabamba, continúan estudiando en condiciones inadecuadas debido a la paralización, desde hace tres años y medio, de la obra de la institución educativa Víctor Raúl Haya de la Torre, ubicada en el caserío Loma Larga Baja. La situación la evidenció la Contraloría General de la República del Perú durante el Operativo Nacional de Control Territorial Multidisciplinario 2026, que viene interviniendo diversas obras públicas en la región Piura.
El proyecto, valorizado en más de 10 millones de soles y ejecutado por la municipalidad distrital, tenía como objetivo mejorar el servicio educativo en esta zona de la sierra piurana. Sin embargo, la obra está inconclusa y presenta un avance físico de apenas 61.94%, según las valorizaciones del contratista, pese a que el contrato se resolvió en octubre de 2022. Las razones de esta paralización serán materia de investigación por parte de los auditores, en el marco de las acciones de control.
Durante la inspección, se constató un evidente estado de abandono de la infraestructura: presencia de abundante vegetación producto de las lluvias y el paso del tiempo, paredes cubiertas de moho, fierros oxidados y estructuras deterioradas que reflejan el deterioro progresivo de la obra inconclusa. Esta situación no solo evidencia una deficiente gestión de la inversión pública, sino que impacta directamente en la calidad educativa de los estudiantes beneficiarios.
Verificación in situ
La intervención la lideró a nivel nacional por el contralor César Aguilar Surichaqui, y en la zona contó con la presencia del gerente de control de Servicios Públicos Básicos, Luis Castillo Torrealva, junto al gerente regional de control de Piura, Edwin Vigo Coronel, quienes verificaron in situ las condiciones en las que se encuentra el proyecto.
En paralelo, se evidenció que los estudiantes reciben clases en aulas temporales instaladas como parte de un plan de contingencia, las cuales presentan serias deficiencias en su infraestructura. Estas limitaciones afectan el normal desarrollo del proceso educativo y restringen el acceso a una educación de calidad en una población ya vulnerable.
Ante este escenario, el funcionario Luis Castillo precisó que se ha iniciado un proceso de recopilación de información para determinar el tipo de servicio de control que se ejecutará. Añadió que la prioridad de la Contraloría es destrabar obras paralizadas bajo un enfoque preventivo, a fin de que estas inversiones cumplan su finalidad pública y contribuyan efectivamente al bienestar de la ciudadanía.
