La Junta Nacional de Justicia (JNJ) decidió mantener la suspensión preventiva de la fiscal suprema Delia Espinoza y negarle su reincorporación como fiscal de la Nación, pese a que el Poder Judicial había dejado sin efecto su sanción disciplinaria. Con esta resolución, el organismo constitucional autónomo mantiene la medida cautelar impuesta el 19 de septiembre y prolonga la incertidumbre institucional en el Ministerio Público, que continuará bajo la conducción interina de Tomás Gálvez.
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La decisión, plasmada en la Resolución N.° 143-2025-PLENO-JNJ, establece que “se mantiene vigente la medida cautelar de suspensión preventiva en el ejercicio del cargo” y que el procedimiento disciplinario seguirá su curso. En su interpretación, la JNJ sostiene que el fallo judicial solo suspendía los efectos de una de las cuatro imputaciones contra Espinoza —la referida a no haber repuesto a Patricia Benavides como fiscal de la Nación—, pero no los otros tres cargos vinculados a presuntas faltas graves.
El organismo también señaló que no tiene competencia para restituirla en el cargo de fiscal de la Nación, argumentando que dicha designación corresponde exclusivamente a la Junta de Fiscales Supremos. Sin embargo, esta afirmación ha generado cuestionamientos, pues la misma JNJ intervino directamente en el caso de Liz Patricia Benavides, cuando promovió su reposición sin esperar la actuación de los fiscales supremos. Para diversos analistas, esta contradicción revela una maniobra deliberada para impedir el retorno de Espinoza al Ministerio Público.
Espinoza envía carta notarial
Antes de conocerse el fallo, la defensa de Espinoza había remitido una carta notarial a la JNJ, exigiendo copias de todos los documentos emitidos entre el 13 y el 21 de octubre en relación con la ejecución de la orden judicial que disponía su restitución. Esta acción buscaba garantizar la transparencia del procedimiento y advertía sobre una posible dilación en el cumplimiento del mandato judicial.
Espinoza se manifestó en contra de la JNJ luego de que el organismo rechazara su reposición como fiscal de la Nación, pese a un fallo del Poder Judicial que lo ordenaba. En ese contexto, recordó los numerosos enfrentamientos que ha tenido con la institución y acusó al Congreso de proteger a sus integrantes.
“Aquí, yo creo que no se puede cerrar los ojos ante una verdad evidente, la Junta Nacional de Justicia está siendo protegida por Congreso de la República”, manifestó.
Señales de desacato
Y es que desde días previos, la JNJ ya mostraba señales de desacato y dilación. A través de su Comisión de Procesos Disciplinarios, presidida por María Teresa Cabrera, el organismo solicitó a su procuraduría precisiones sobre la “fecha, hora exacta y modo” en que fueron notificados del fallo judicial, pese a que este paso no figura en el procedimiento. Tal requerimiento generó un vacío temporal que, en la práctica, permitió mantener en funciones a Gálvez como fiscal interino.
De manera paralela, la JNJ continúa con el proceso disciplinario contra Espinoza, a pesar de que el Poder Judicial ordenó suspenderlo. El organismo ha solicitado nuevos informes al Ministerio Público y ha programado para noviembre las declaraciones de testigos clave, entre ellos la propia Delia Espinoza y Patricia Benavides, lo que refuerza la percepción de que existe una voluntad de mantener abierta la investigación para justificar una eventual destitución.
Cabe recordar que la JNJ suspendió a Espinoza por presuntas faltas disciplinarias graves vinculadas al caso Benavides, acusándola de desobedecer sus resoluciones y afectar la institucionalidad del Ministerio Público. No obstante, el reciente fallo judicial determinó que la sanción fue irregular y se debe levantar.
Con esta nueva resolución, la JNJ desconoce en los hechos una orden del Poder Judicial, prolonga el enfrentamiento con la Fiscalía Suprema y deja en evidencia un escenario de inestabilidad institucional sin precedentes en el sistema de justicia peruano. Mientras tanto, Delia Espinoza continúa a la espera de que se respete su derecho a la reposición y el cumplimiento efectivo de la ley.
