José María Balcázar Zelada se convirtió el último 18 de febrero en presidente interino de la República luego de su elección como titular del Congreso y, en consecuencia, asumir el despacho presidencial tras la salida del mandatario José Jerí. Su designación se produce en un contexto de alta inestabilidad política, siendo el cuarto jefe de Estado en colocarse la banda presidencial en el actual quinquenio, y en plena recta final hacia las Elecciones Generales 2026.
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Natural de Nánchoc, en Cajamarca, Balcázar es abogado de profesión y tuvo una trayectoria en el Poder Judicial que terminó en controversia. En 2011, el entonces Consejo Nacional de la Magistratura resolvió su destitución tras un proceso disciplinario vinculado a su actuación como juez supremo provisional en la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema en 2004, cuando dejó sin efecto una sentencia de casación emitida por los anteriores integrantes de esa sala.
A ello se suman cuestionamientos desde el Colegio de Abogados de Lambayeque, institución que lo expulsó de manera definitiva tras un proceso disciplinario iniciado en 2022 por presuntas faltas éticas relacionadas con su gestión como decano entre 2019 y 2020, incluyendo imputaciones por apropiación de fondos y otros señalamientos administrativos y civiles.
Polémicas declaraciones
Años después, ya en el ámbito político, obtuvo un escaño como congresista por la bancada de Perú Libre, agrupación liderada por Vladimir Cerrón.
Su paso por el Parlamento tampoco estuvo exento de polémica. En 2023, durante el debate sobre la eliminación del matrimonio infantil en la Comisión de Justicia, sostuvo públicamente que “de 14 para arriba se pueden casar”, posición que reiteró meses después al señalar que no respaldaría la prohibición total de las bodas con menores de edad. Estas declaraciones generaron un amplio rechazo de organizaciones civiles y diversos sectores políticos.
Ahora, con el encargo de conducir el país en la etapa final del actual gobierno y garantizar la transición democrática, Balcázar enfrenta el desafío de brindar estabilidad institucional en un clima de desconfianza ciudadana, mientras el país se prepara para acudir nuevamente a las urnas en un proceso electoral decisivo para el rumbo político del Perú.
