La reciente liberación de Christhian Alexander Mija Antón, acusado de tenencia ilegal de armas y municiones, ha desencadenado un tenso cruce de declaraciones entre el Ministerio del Interior (Mininter) y el Ministerio Público, dejando al descubierto una evidente falta de coordinación entre las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia en el país.
El conflicto comenzó cuando el Mininter publicó en la red social X (anteriormente Twitter) que la Fiscalía había permitido la libertad del acusado. Ante esta acusación, el Ministerio Público emitió un comunicado desmintiendo la versión y aclarando que apelaron la decisión judicial que dejó en libertad al sospechoso, para quien habían solicitado nueve meses de prisión preventiva. Asimismo, exigieron al Mininter rectificarse y evitar la difusión de información falsa.
“Solicitamos al Mininter ser veraces en la información que difunde. La Fiscalía Provincial Penal de Castilla (4.º Despacho), Piura, apeló la decisión judicial que dispuso la libertad de Christhian Mija, presunto autor del delito de tenencia ilegal de armas y municiones. El Mininter debe rectificarse a la brevedad”, señala el comunicado oficial.
Horas después, el Ministerio del Interior corrigió su publicación, especificando que fue una jueza quien tomó la decisión de liberar al acusado. Sin embargo, el daño a la imagen institucional ya estaba hecho.
General cuestiona liberación
Por su parte, el jefe de la Región Policial de Piura, general Manuel Farías Zapata, expresó su indignación en un video difundido en redes sociales, cuestionando duramente la decisión judicial.
“Es difícil entender cómo alguien con antecedentes tan graves puede quedar en libertad. Esto desmoraliza a la Policía Nacional, que diariamente arriesga su vida para mantener la seguridad en la ciudad. Hago un llamado para empujar el barco en el mismo sentido. ¿Estamos del lado de la población o de la delincuencia?”, declaró Farías Zapata.
Sus palabras reflejan el sentir de muchos efectivos policiales que ven frustrados sus esfuerzos ante decisiones judiciales que consideran laxas, especialmente en casos que involucran delitos graves.
Este enfrentamiento entre el Mininter y el Ministerio Público expone las tensiones y debilidades en el sistema de seguridad y justicia del país. La falta de coordinación y el cruce de acusaciones públicas generan una percepción de desorganización e impunidad, afectando la confianza de la ciudadanía en las instituciones.
