La tierra tiembla bajo los cerros de Pataz, pero no por sismos, sino por las explosiones clandestinas de dinamita, los disparos a quemarropa en túneles oscuros y los gritos silenciados por la violencia. Treinta y nueve personas han muerto en los últimos tres años en una guerra no declarada por el oro. La última masacre —la más sangrienta hasta ahora— ocurrió hace apenas unos días: trece trabajadores fueron asesinados y sus cuerpos arrojados como despojos dentro de una mina tomada por ilegales.
Entre las víctimas estaba Darwin Cobeñas Panta, un joven de 32 años natural de Piura, quien salió de su casa buscando sustento para su familia y encontró la muerte en una galería subterránea que hoy se ha convertido en tumba colectiva.
La noticia estremeció al país, pero en las alturas de La Libertad no sorprendió a nadie. Allí, la vida vale menos que un gramo de oro.
«Esto no es nuevo», sentencia Pablo de la Flor, gerente de Asuntos Corporativos de Compañía Minera Poderosa, empresa que ha perdido a 39 de sus colaboradores —entre trabajadores directos, contratistas y mineros artesanales— desde que la violencia minera se convirtió en norma. “Enfrentamos a bandas armadas, con fusiles, que se mueven por túneles como si fueran suyos. La policía no tiene ni las herramientas ni la preparación para enfrentarlos”, denuncia.
Una respuesta tardía
Este lunes 5 de mayo, la presidenta Dina Boluarte rompió el silencio oficial y anunció la suspensión por 30 días de toda actividad minera en la provincia de Pataz, con posibilidad de prórroga. “Mano dura para estos delincuentes criminales”, dijo, con tono severo, durante una conferencia de prensa. La medida busca permitir la instalación de fuerzas militares y policiales, además de depurar el registro de operadores mineros ilegales (Reinfos).
Pero para muchos en la zona, la reacción llega tarde. “Es el Estado el que ha abandonado estos territorios y ahora pretende recuperar control con decretos”, comenta un dirigente comunal, que prefiere no revelar su nombre por temor a represalias.
El estado de emergencia vigente desde hace un año no ha frenado la violencia. Ahora se evalúa declarar estado de sitio, como han pedido el Gobierno Regional de La Libertad y gremios empresariales. Pero la pregunta persiste: ¿cuántos más deben morir para que el oro deje de teñirse de sangre?
En tanto, la Fiscalía de Pataz investiga el caso como secuestro agravado con subsecuente muerte. Las primeras diligencias han confirmado que las 13 víctimas fueron ejecutadas dentro de una mina controlada por mineros ilegales. Se hallaron municiones percutadas y explosivos.
Mientras tanto, los familiares de los fallecidos lloran frente a morgues improvisadas, esperando que les devuelvan los cuerpos.
