La reciente decisión del juez Andrés Loli Sánchez, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la provincia de Moyobamba, que ordena la liberación del conductor Mario Rosales Bonifacio tras el accidente que dejó 11 víctimas mortales, entre ellos escolares piuranos, ha desatado una ola de indignación en la población.
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El conductor del bus interprovincial de la empresa Móvil Bus, que cayó a un barranco tras impactar con una motofurgón el pasado 23 de noviembre, fue puesto en libertad luego de que el juez declarara improcedente la solicitud de prisión preliminar presentada por el fiscal Wilson Ballena Velásquez. Según el magistrado, no existe peligro de fuga, dado que Rosales Bonifacio tiene una dirección fija que figura en su DNI.
La población no tardó en expresar su malestar, cuestionando la decisión del Poder Judicial y exigiendo justicia para las víctimas, entre las que se cuentan escolares de los colegios San Jacinto, de Vice, y La Salle, de Piura.
Investigación en curso
Especialistas en derecho penal señalaron que el caso depende en gran medida del Informe Técnico Policial (ITP), que determinará las causas exactas del siniestro y las responsabilidades involucradas. Este documento, actualmente en proceso de elaboración, incluirá evidencia clave como huellas, documentos, y fotografías que permitirán reconstruir lo sucedido.
Como se recuerda, el fatídico incidente ocurrió cuando el bus, con 58 pasajeros a bordo, colisionó con una motofurgón conducida por Praccides Rimarachín Medina, quien resultó con una fractura en la pierna. El impacto provocó que el bus perdiera el control y se precipitara a un barranco, dejando un saldo 11 víctimas mortales, entre ellos, cinco escolares que viajaban hacia Tarapoto para disfrutar de un paseo promocional.
Finalmente, familiares de las víctimas y testigos del hecho han pedido que se aceleren las investigaciones para esclarecer responsabilidades y aplicar sanciones ejemplares.