La obra de mejoramiento de la prolongación de la avenida José de Lama, que conecta el óvalo Turicarami con el centro poblado de Jíbito, en la provincia de Sullana, quedó paralizada tras la resolución del contrato por parte del Gobierno Regional de Piura al Consorcio Vial Turicarami. Esta decisión ha desatado un conflicto entre ambas entidades.
El proyecto, valorizado en 75 millones de soles, quedó detenido luego de que la entidad regional resolviera el contrato por presuntos incumplimientos, al señalar que el avance físico no habría superado el 50 % pese a que los trabajos se iniciaron en 2024 y contaban con un plazo de ejecución de 540 días.
La decisión tuvo un impacto inmediato en el ámbito social. Cerca de 150 obreros de construcción civil bloquearon la vía como medida de protesta, exigiendo la reactivación de los trabajos y la continuidad de sus empleos. La manifestación generó congestión vehicular y obligó a desviar el tránsito, hasta que efectivos de la Policía Nacional lograron restablecer el orden tras dialogar con los trabajadores. Para los manifestantes, la paralización no solo significa la pérdida de ingresos, sino también la incertidumbre sobre la continuidad de una obra clave para la conectividad de la zona.
Desde el lado técnico y administrativo, el Gobierno Regional sostiene que la resolución del contrato responde a incumplimientos contractuales, entre ellos la supuesta falta de permanencia del residente de obra y retrasos injustificados en el avance físico. Asimismo, se han reportado observaciones en algunos tramos ya ejecutados, lo que habría reforzado la decisión de poner fin al vínculo contractual en resguardo de los recursos públicos y la calidad de la infraestructura.
Respuesta del consorcio
Sin embargo, el Consorcio Vial Turicarami rechazó tajantemente estas acusaciones y calificó la medida como “ilegal, arbitraria y contraria al interés público”. Según su versión, el residente de obra sí cumplió con su permanencia, salvo una breve ausencia justificada por motivos de salud, tras la cual se solicitó su reemplazo conforme a los procedimientos. En cuanto a los retrasos, el consorcio sostiene que no son atribuibles a negligencia, sino a deficiencias del expediente técnico elaborado por la propia entidad, que no habría contemplado interferencias críticas como redes de energía eléctrica y sistemas de agua y desagüe, incluyendo tuberías de asbesto.
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Estas interferencias, según el consorcio, obligaron a ejecutar trabajos adicionales y a tramitar coordinaciones con entidades como Enosa y EPS Grau, cuyos procesos administrativos demandaron tiempo. Pese a ello, aseguran que las solicitudes de ampliación de plazo no fueron atendidas oportunamente por la entidad, lo que derivó en controversias que actualmente están en evaluación. “No existen retrasos injustificados, sino condiciones no previstas que han sido incluso validadas por las entidades competentes”, argumenta la empresa.
Conflicto económico
El conflicto también tiene un ángulo económico y urbano. Vecinos, comerciantes y transportistas han expresado su preocupación por el impacto de la paralización en la movilidad y en la dinámica comercial de la zona. La obra contempla una doble calzada de aproximadamente cinco kilómetros, clave para mejorar la transitabilidad entre Sullana y Miguel Checa, pero actualmente presenta tramos inconclusos y observaciones, lo que incrementa el riesgo de deterioro y posibles sobrecostos si no se retoma a la brevedad.
En este contexto, el consorcio ha solicitado formalmente que el Gobierno Regional se desista de la resolución contractual y permita continuar con la ejecución del proyecto. De no obtener una respuesta favorable, anunció que iniciará acciones legales en defensa de sus derechos. No obstante, aseguró mantener su disposición a retomar los trabajos dentro del marco legal, priorizando el interés público.
