Tres efectivos policiales de la Comisaría Sectorial de Paita fueron enviados a prisión preventiva por un plazo de nueve meses tras ser acusados de haber solicitado una coima de 2,000 soles a cambio de liberar a un ciudadano con requisitoria por omisión a la asistencia familiar.
Fue el fiscal adjunto provincial José Jiménez Moscol del Tercer Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Piura, quien obtuvo la medida coercitiva contra los agentes policiales.
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Los acusados, el teniente PNP Junior Alexander Borda Tinta (29), y los suboficiales de tercera PNP Constantino Damaso Ramos Cadillo (28) y Franco Peña Jesús Alfredo (27), afrontan cargos por el presunto delito de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial, en agravio del Estado. El hecho ocurrió el pasado 6 de agosto, cuando los policías intervinieron a un ciudadano que contaba con una orden de captura por omisión de pensión alimenticia, pero en lugar de ponerlo a disposición de la justicia, lo habrían liberado tras recibir el soborno.
Pruebas determinantes
El fiscal Jiménez Moscol presentó ante el juez varios elementos de convicción que vinculan a los acusados con el delito. Entre ellos destaca un reporte de auditoría de consultas realizadas en el sistema policial, que evidencia que fueron los mismos investigados quienes buscaron los datos del ciudadano intervenido. Además, se verificó que los tres policías estaban de servicio en la fecha en que ocurrió el incidente.
Otro de los elementos clave en la investigación es el testimonio del hermano del intervenido, quien declaró que los suboficiales Ramos y Peña se acercaron a informarle que estaban coordinando con su cuñada la liberación de su hermano. Asimismo, el teniente Borda enfrenta una investigación adicional por el mismo delito en la Fiscalía de Sullana, lo que agrava su situación legal.
El proceso judicial en curso
Con las evidencias, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva por un lapso de nueve meses, la cual aprobó el juez competente. En tanto, los tres policías pasarán en las próximas horas al penal de Piura, donde permanecerán mientras continúa la investigación.
Finalmente, las autoridades judiciales detallaron que los agentes podrían enfrentar una condena no menor de seis años de cárcel si se comprueba su culpabilidad, lo que marcaría un duro golpe para sus carreras policiales y un precedente en la lucha contra la corrupción dentro de las fuerzas del orden.