El expresidente Pedro Pablo Kuczynski presentó este jueves 12 de junio una denuncia constitucional contra el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, a quien acusa de haber cometido los delitos de abuso de autoridad, tráfico de influencias y abocamiento ilegal de proceso en trámite, en el marco de una polémica intervención política sobre el sistema judicial.
La denuncia surge luego de que el propio Arana, en una entrevista televisiva, admitiera haber llamado a la presidenta de la Corte Suprema, Janet Tello, para informarle que Kuczynski se encontraba en el aeropuerto internacional Jorge Chávez con rumbo a Estados Unidos. El premier reconoció además haberle solicitado adelantar la audiencia de impedimento de salida del país, que inicialmente estaba programada para el lunes siguiente.
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Como resultado de esa comunicación, la audiencia fue adelantada para el domingo al mediodía, y la jueza Margarita Salcedo Guevara, del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional, dictó 18 meses de impedimento de salida del país contra el exmandatario. Aunque el Ministerio Público había solicitado 36 meses, la magistrada consideró que tal plazo era desproporcionado.
Kuczynski denuncia violación de derechos
Kuczynski, de 86 años, calificó el hecho como una violación de sus derechos constitucionales. En un comunicado, denunció que Migraciones le impidió abordar su vuelo sin base legal, basándose en una supuesta alerta migratoria no oficializada. “Se vulneraron todos mis derechos fundamentales. Fue una medida arbitraria e ilegal”, sostuvo.
El abogado del exmandatario, Julio Midolo, ya había anticipado que tomarían acciones legales por lo sucedido, las cuales se concretaron hoy con la presentación formal de la denuncia constitucional contra el titular de la PCM.
La denuncia marca un nuevo capítulo de tensión entre el Ejecutivo y actores políticos, con serias implicancias sobre la autonomía del Poder Judicial y el respeto a las garantías constitucionales. Finalmente, el caso ahora pasará para su evaluación por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso.
