Ayer jueves, los congresistas Alfredo Pariona, de la Bancada Socialista, y Edgard Reymundo, del Bloque Democrático Popular, presentaron cada uno un proyecto de ley que busca derogar la recién promulgada Ley de Amnistía, que beneficia a miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y comités de autodefensa implicados en delitos cometidos durante la lucha contrasubversiva entre 1980 y 2000.
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Como se sabe, la presidenta de la República, Dina Boluarte, promulgó la referida norma, el último miércoles, en una ceremonia en Palacio de Gobierno que contó con la presencia del Gabinete ministerial y congresistas como Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular) y Jorge Montoya (Honor y Democracia), quienes impulsaron la ley en el Parlamento.
La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, y la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, han expresado su rechazo a esta ley. Asimismo, Volker Türk, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y Andrea Pochack, comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la han cuestionado públicamente.
Retroceso a los derechos humanos
En su proyecto de ley, Edgard Reymundo argumenta que la Ley de Amnistía vulnera “una serie de derechos fundamentales” y plantea su derogación para “evitar la impunidad en diversos casos”. Asimismo, cita al Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, que advierte que la norma promulgada impactaría directamente en 156 casos con sentencia firme y en más de 600 procesos en trámite, afectando los derechos a la justicia y a la reparación de miles de víctimas.
Además, indica que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha establecido «como principio que las amnistías por violaciones graves de derechos humanos son inadmisibles» y que ha reiterado la «prohibición de amnistías y declaró que estos crímenes son de lesa humanidad e imprescriptibles».
«El derecho internacional de los derechos humanos establece estándares claros e inderogables frente a las graves violaciones como desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura. Las normas convencionales y consuetudinarias reconocen que estos crímenes son imprescriptibles y no es posible que beneficiarse de medidas como amnistías, indultos o prescripción», señala.
