Lo ocurrido el pasado 3 de abril en la I.E. Elvira Castro de Quiroz, donde más de 100 niños resultaron intoxicados tras consumir conservas de atún distribuidas por el programa social Wasi Mikuna, pudo evitarse. Esto fue una tragedia anunciada y evitable, silenciada por la indiferencia y negligencia de las autoridades encargadas de velar por la salud de los más vulnerables.
Hallazgo previo
De acuerdo a un reportaje de Cuarto Poder, el drama comenzó el 18 de marzo, apenas un día después del inicio del Año Escolar 2025, en la institución educativa N° 20054 de Chulucanas. Aquella mañana, padres de familia encontraron gusanos vivos en latas de atún de la marca Karpez, producto provisto por Pesquera Carzol al programa Wasi Mikuna, impulsado por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis).
La alerta fue inmediata. Padres grabaron videos, exigieron respuestas, y la denuncia llegó a oídos de las autoridades. Al día siguiente, un contingente compuesto por un fiscal, dos representantes del organismo nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES) y personal del programa Wasi Mikuna inspeccionó el colegio.
El grupo de especialista solo tomo en cuenta el hallazgo de heces de mosca en la cocina, insectos en luminarias, utensilios oxidados y productos sin rotulación. Sin embargo, en un acto de desidia inexplicable, no se abrió ni una sola lata de las 200 conservas almacenadas. Se limitó la verificación a un control externo visual. Peor aún, el fiscal no autorizó el muestreo organoléptico, método que permite verificar con los sentidos básicos si un alimento está en condiciones para su consumo.
Pese a ello, el resultado de esa omisión fue letal: la distribución del lote contaminado no se detuvo y 16 días después, más de un centenar de niños en Piura resultaron intoxicados.
Reincidencias que el Estado decidió ignorar
De acuerdo al programa periodístico, no era la primera vez que la empresa Pesquera Carzol estaba en el ojo de la tormenta. Esta arrastraba al menos cuatro sanciones previas por parte de entidades como Produce y Sanipes, incluyendo la presentación de información falsa, falta de documentación que acredite la trazabilidad de recursos hidrobiológicos, e incluso multas por no cumplir normas técnicas de sanidad alimentaria.
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Pese a esos antecedentes, Carzol siguió facturando con el Estado, bajo el flamante programa Wasi Mikuna, lanzado con bombos y platillos tras el escándalo que salpicó a Qali Warma en 2024 por la distribución de carne de caballo y conservas con coliformes fecales.
Una respuesta tardía, evasiva e irresponsable
Tras la intoxicación masiva, la ministra del Midis, Leslie Urteaga, anunció la suspensión del producto y la empresa, pero en lugar de asumir responsabilidad institucional, deslizó que la culpa podría recaer en los padres de familia encargados de preparar los alimentos, por presunta falta de higiene.
El intento de desviar la atención fue duramente criticado por especialistas, autoridades regionales y ciudadanos indignados.
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