La presidenta de la República, Dina Boluarte Zegarra, enfrenta una grave acusación por parte del Ministerio Público. A través del Área Especializada en Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, la Fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional ante el Congreso por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito agravado y omisión de declaraciones en documentos oficiales, presuntamente cometidos durante su paso por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y su actual gestión como jefa de Estado.
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La acusación señala que Boluarte habría incrementado su patrimonio de manera irregular entre el 29 de julio de 2021 y el 15 de marzo de 2024. Entre los indicios recogidos figuran joyas de alto valor, depósitos de origen desconocido y movimientos financieros que no se condicen con sus ingresos como funcionaria pública.
Uno de los elementos más llamativos de la investigación es la existencia de dos relojes de la marca Rolex, además de otras joyas que no constan en sus declaraciones juradas de bienes y rentas correspondientes a los años 2021, 2022 y 2023.
Según la Fiscalía, la omisión de esta información no sería un simple descuido, sino parte de una estrategia deliberada para ocultar bienes obtenidos presuntamente de forma ilícita, aprovechando su posición de poder.
Aprobación del Congreso
La denuncia busca que el Parlamento autorice el levantamiento del fuero de la mandataria, lo que permitiría avanzar con la investigación penal. El caso, que ya ha sido calificado como uno de los más sensibles políticamente en los últimos años, abre una nueva etapa de tensión entre el Ejecutivo y el sistema de justicia.
Hasta el momento, la Presidencia no ha emitido un pronunciamiento oficial. Se espera que, en los próximos días, Boluarte o su equipo legal respondan a la denuncia, que ya ha generado una ola de reacciones en el Congreso y entre líderes de opinión pública.
