El Tribunal Constitucional (TC) declaró fundada la demanda competencial presentada por el Ejecutivo y dispuso la suspensión inmediata de las investigaciones fiscales contra la presidenta de la República Dina Boluarte, al considerar que estas vulneraban el marco establecido en la Constitución.
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La resolución, aprobada en el pleno y sustentada en el informe del magistrado Pedro Hernández Chávez, ordena que las pesquisas —entre ellas el caso de los relojes Rolex, la “desactivación” del equipo especial contra la corrupción (EFICCOP) y las muertes registradas en las protestas sociales de 2022 y 2023 — no podrán continuar hasta que la mandataria concluya su mandato presidencial, el 28 de julio de 2026.
El argumento constitucional
El máximo intérprete de la Carta Magna recordó que el artículo 117 de la Constitución solo contempla cuatro supuestos en los que un jefe de Estado puede ser acusado durante su gestión, por lo que cualquier indagación fuera de ese marco constituye un exceso competencial.
“El Ministerio Público ha menoscabado el marco de la Presidencia de la República sobre la base de un ejercicio funcional que no se condice con la Norma Fundamental”, señala la sentencia. En la misma línea, cuestiona al Poder Judicial por haber avalado actuaciones fiscales, como el allanamiento en el caso Rolex, ejecutado “al margen de la Constitución”.
Suspensión, no archivo definitivo
El TC precisó que la decisión no supone un cierre de los procesos, sino su aplazamiento hasta que Boluarte deje el cargo. “Las investigaciones suspendidas continuarán con su trámite al concluir el ejercicio del cargo presidencial”, sostiene la parte resolutiva.
Además, el fallo ordena que cualquier pesquisa futura sobre la figura presidencial se ajuste estrictamente a las pautas definidas por esta sentencia, reforzando el principio de inmunidad funcional que protege al jefe de Estado en funciones.
El tribunal también llamó la atención sobre las filtraciones de información en procesos fiscales, advirtiendo que estas afectan directamente la dignidad del cargo.
“No hace falta una decisión sancionatoria para dañar la institución presidencial; basta que se filtre indebidamente el contenido de una investigación para menoscabar la imagen de la Presidencia de la República, con graves consecuencias para el desempeño de sus funciones”, subraya el fallo.
Un fallo con repercusiones políticas
La decisión del Tribunal Constitucional genera un fuerte impacto en el escenario político y jurídico del país, pues coloca a la presidenta bajo un manto de protección constitucional hasta 2026, blindándola de los procesos abiertos por casos que han generado amplia controversia pública.
Mientras tanto, las investigaciones no se archivan, pero quedarán en pausa, a la espera de reactivarse una vez que Dina Boluarte abandone Palacio de Gobierno.
