El Gobierno oficializó este miércoles 4 de febrero la creación de la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (SUNIR), entidad que reemplaza al Instituto Nacional Penitenciario (INPE), tras la publicación del Decreto Legislativo N.º 1710. La norma introduce un nuevo modelo institucional para la administración del sistema penitenciario y de reinserción juvenil, en el marco de una reforma estructural autorizada por el Congreso de la República.
Según el decreto, la SUNIR se constituye como un organismo público ejecutor con personería jurídica de derecho público y autonomía administrativa, funcional y financiera. La nueva entidad asume las funciones que hasta ahora estaban a cargo del INPE y del Programa Nacional de Centros Juveniles, concentrando la ejecución de penas privativas de libertad, medidas socioeducativas para adolescentes en conflicto con la ley penal y programas de reinserción social, tanto en medio cerrado como en medio libre.
¿Qué establece la norma?
La norma establece que la SUNIR será el ente rector del Sistema Nacional Especializado de Internamiento y Reinserción Social y quedará adscrita al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que ejercerá labores de supervisión a través del Viceministerio de Justicia. Para ello, el decreto modifica la Ley de Organización y Funciones del sector, incorporando formalmente a la nueva superintendencia dentro de su estructura. El titular de la SUNIR será su jefe institucional, quien ejercerá la representación legal de la entidad y asumirá la titularidad del pliego presupuestal, en un cargo de confianza.
El proceso de implementación contempla la fusión por absorción del INPE, el Programa Nacional de Centros Juveniles y el Programa Nacional para la Prevención y Reinserción Social. De acuerdo con la norma, esta integración deberá concretarse en un plazo máximo de 90 días hábiles, con la posibilidad de una ampliación adicional de hasta 30 días calendario. Durante este periodo, el decreto garantiza la continuidad operativa de los servicios penitenciarios y juveniles en todo el país.
Funciones
Entre las funciones asignadas a la SUNIR se encuentran la administración de los establecimientos penitenciarios y centros juveniles a nivel nacional, la gestión de la seguridad integral de estas infraestructuras y la conducción del tratamiento penitenciario y especializado. Asimismo, se le encarga la formulación de políticas penitenciarias, la supervisión de programas de post egreso y la capacitación y evaluación permanente del personal del sistema.
En cuanto a la jefatura de la entidad, el decreto establece requisitos específicos, como ser peruano de nacimiento, contar con título profesional universitario y acreditar al menos diez años de experiencia en el ejercicio profesional. Además, se fijan impedimentos expresos, como antecedentes penales, judiciales o policiales, inhabilitaciones vigentes con el Estado o la condición de deudor alimentario moroso.
Respecto al régimen laboral, el personal de la SUNIR se regirá por la Ley del Servicio Civil, sin afectar los derechos laborales adquiridos durante el proceso de transferencia. De manera excepcional, la norma flexibiliza ciertos requisitos de idoneidad para cargos directivos del INPE mientras se completa la reorganización institucional. Finalmente, el decreto precisa que la implementación de la SUNIR no demandará recursos adicionales al Tesoro Público, ya que se financiará con los presupuestos institucionales de las entidades absorbidas y recursos de cooperación nacional e internacional.
