Una nueva crisis golpea al sistema penitenciario peruano. El presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Javier Llaque Moya, presentó su renuncia irrevocable este miércoles luego de la fuga de un interno del penal de Lurigancho, uno de los establecimientos penitenciarios más conflictivos del país.
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La dimisión la confirmó el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, quien precisó que la salida de Llaque responde a una «responsabilidad funcional» frente al grave incidente de seguridad. Asimismo, según detalló Adrianzén, esta renuncia se aceptará por parte del Ejecutivo y se procederá a designar a un nuevo titular del INPE en los próximos días.
“El director del establecimiento penitenciario de Lurigancho ya fue destituido y el presidente del INPE, el señor Llaque, presentó su renuncia. La cual se aceptará. Nosotros entendemos que hay responsabilidad funcional y, por supuesto, las renuncias son la medida más inmediata para solucionar este problema”, declaró Adrianzén en conferencia de prensa tras una nueva sesión del Consejo de Ministros.
La fuga del reo expuso nuevamente las vulnerabilidades estructurales del sistema penitenciario nacional y encendió las alarmas en el Ejecutivo. Como parte de las acciones inmediatas, las autoridades detuvieron a tres agentes del INPE presuntamente implicados en el escape. Los funcionarios ya se encuentran bajo investigación fiscal y se procederá a la denuncia respectiva ante el Ministerio Público.
Este episodio se suma a una serie de cuestionamientos sobre la seguridad y gestión en los penales del país. La nueva designación en el INPE será clave para recuperar la confianza en la administración penitenciaria y evitar que este tipo de hechos sigan erosionando la institucionalidad del sistema.
Fuga de interno
El último lunes 21 de abril, un reo del penal de Lurigancho “burló los controles de seguridad”, según el INPE y escaló la malla perimétrica de la prisión, “accediendo al área denominada ‘tierra de nadie’ y trepó el muro perimétrico”, para luego saltar hacia la zona externa del penal, pese a que los agentes activaron los protocolos de seguridad.
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Desde el INPE indicaron que el profugo responde al nombre de John Kennedy Javier Sebastián, quien enfrenta una condena de 10 años y un mes de prisión desde el 2023, luego de que robara a la vendedora de un minimarket en Lince.
