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Dina Boluarte se lava las manos y responsabiliza al Ministerio público de la ola de inseguridad

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En medio del avance sostenido de la criminalidad y la creciente percepción de inseguridad en el país, la presidenta Dina Boluarte volvió a desmarcarse de la responsabilidad del Ejecutivo y apuntó directamente al Ministerio Público como el principal responsable de la crisis.

Durante una actividad de supervisión en la construcción de la nueva Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP) en Chorrillos, Boluarte lanzó duras críticas contra los fiscales, acusándolos de liberar a delincuentes detenidos por la Policía. Incluso, instó a la ciudadanía a dejar de reclamar al Gobierno y dirigir sus protestas hacia el Ministerio Público.

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“La seguridad de las peruanas y peruanos es de todos, no solamente del Ejecutivo. Si hay que reclamar que no se está actuando, no es al Ejecutivo, vayamos al Ministerio Público a reclamar, señaló.

En un tono confrontacional, la mandataria responsabilizó directamente a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, al afirmar que los fiscales estarían dejando en libertad a delincuentes capturados con armas de fuego, drogas y explosivos. “¿Y qué hacen sus fiscales, señora fiscal de la Nación? Los liberan. Eso no puede ser”, declaró, tras recibir el informe del comandante general de la PNP sobre un reciente operativo en Ate, donde fueron liberados 16 presuntos delincuentes extranjeros.

Denuncia en la Junta Nacional de Justicia

Boluarte anunció que su Gobierno denunciará ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) a los fiscales que, según sus palabras, actúen en contra del reclamo ciudadano por seguridad. “No nos vamos a quedar tranquilos. Tenemos que denunciarlos no solamente en la jurisdicción que corresponda, sino también ante la JNJ”, indicó.

Sin embargo, la presidenta evitó referirse a la reducción presupuestal al Ministerio Público ni a las leyes impulsadas por su propio gobierno —como la modificación a la Ley contra el crimen organizado o la polémica Ley de impunidad— que, según analistas, han debilitado la capacidad del sistema judicial para detener y procesar eficazmente a los criminales.

Expertos en derecho constitucional y seguridad ciudadana han recordado que, de acuerdo con el inciso 4 del artículo 118 de la Constitución, es deber del presidente de la República “velar por el orden interno”. Por tanto, señalaron que Boluarte estaría eludiendo su responsabilidad constitucional y generando una peligrosa confrontación entre poderes del Estado.

Las declaraciones de la jefa de Estado ocurren en un contexto de creciente desconfianza ciudadana, incremento de extorsiones y crímenes violentos, y sin una estrategia integral desde el Ejecutivo para frenar la ola delictiva. El llamado a protestar contra el Ministerio Público ha sido interpretado como un intento de desviar la atención frente a los cuestionamientos por la falta de resultados en materia de seguridad.

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