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Presidenta Dina Boluarte no asistirá a la Fiscalía este miércoles 15 de enero por el caso “Cofre Presidencial”

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En un nuevo capítulo del caso «Cofre Presidencial», la presidenta Dina Boluarte decidió no asistir a la citación programada para este miércoles 15 de enero por la Fiscalía. Según su abogado, Juan Carlos Portugal, esta decisión responde a que la ampliación del plazo de las investigaciones preliminares, dispuesta por la fiscal de la Nación Delia Espinoza, habría sido realizada fuera del marco legal establecido.

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«La presidenta no va a asistir porque consideramos que el Ministerio Público amplió la investigación de forma extemporánea. Este no es un acto arbitrario ni discrecional, sino una defensa de la legalidad», declaró Portugal.

El abogado recordó que, en casos anteriores, como el de la supuesta desactivación del Equipo Policial de apoyo al Eficcop, un juez supremo determinó que ampliaciones de este tipo, realizadas después del vencimiento del plazo inicial, carecen de validez. Esta situación, dice, se repite en el presente caso.

Boluarte, quien ha asistido a todas las citaciones dentro de plazos vigentes, según su defensa, se enfrenta a posibles críticas por no acudir. Sin embargo, Portugal enfatizó: «No podemos convalidar una citación con un plazo vencido. Si el juez rechaza nuestra posición, por supuesto que cumpliremos con la citación».

El caso, que involucra una serie de investigaciones sobre presuntas irregularidades, mantiene en vilo a la opinión pública y genera debate entre expertos legales. Mientras tanto, la postura del Ejecutivo plantea interrogantes sobre el manejo de las investigaciones y el equilibrio entre las instituciones del Estado.

Presidenta no está obligada a informar ante eventuales intervenciones quirúrgicas

Por otro lado, Portugal indicó que la presidenta no habría cometido el delito de omisión de funciones cuando se sometió a una cirugía el 28 de junio de 2023. En ese sentido, señaló que no tenía el deber de informar al Congreso o al Consejo de Ministros sobre esa situación.

«No tiene el deber de hacerlo ni tampoco la obligación legal o política de hacerlo […] El delito de omisión de función es de carácter omisivo, es decir, yo no hago algo que la ley no exige que haga, y cuando hago referencia a [esa exigencia] es un reglamento, una directiva, una norma o cualquiera dentro de nuestro ordenamiento nacional. No existe una norma de carácter expreso que establezca que la presidenta, independientemente del tipo o nivel de cirugía, tenga que comunicar al presidente del Congreso […] Quizá en adelante debería hacerse esa exigencia o precisión, pero a la fecha, y a la fecha principalmente de la cirugía de la presidenta, el 28 de junio de 2023, no existía esa obligación», explicó.

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