La contratación de Kerly Alexandra Guerrero Chávez, exintegrante de la agrupación musical Agua Bella, en la Oficina de Imagen Institucional del Gobierno Regional de Piura (GORE), desencadenó una investigación preliminar, de oficio, por parte del Segundo Despacho de la Fiscalía Anticorrupción de Piura. El Ministerio Público indaga la presunta comisión de los delitos de nombramiento indebido y negociación incompatible, en contra de los que resulten responsables.
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El caso surgió a raíz de una publicación periodística que reveló que Guerrero Chávez obtuvo un contrato sin contar con estudios superiores ni formación profesional en comunicación, requisitos básicos para ejercer funciones en áreas clave del Estado. Según documentos oficiales, en lo que va del año recibió dos órdenes de servicio por un total de S/ 15,000.
Los contratos
La primera orden, del 10 de febrero de 2025, asciende a S/ 6,000 por labores entre enero y febrero; la segunda, emitida el 26 de marzo, asciende a S/ 9,000 por servicios brindados entre marzo y mayo. Ambas hacen referencia a actividades administrativas en la oficina de imagen del GORE Piura.
El gremio periodístico también alzó su voz. La decana del Colegio de Periodistas de Piura, Giannina Prieto Durand, lamentó que se designen personas sin preparación profesional en espacios fundamentales para la comunicación pública. “Esto vulnera la Ley N.º 24898, que exige formación y colegiatura para quienes trabajan en oficinas de prensa del Estado. La comunicación pública debe estar en manos de profesionales, no de figuras mediáticas sin preparación”, sostuvo.
Aunque Guerrero no figura como jefa del área, su participación activa en el equipo de comunicación ha generado un profundo malestar en el sector y ha puesto en entredicho la transparencia de las contrataciones dentro del GORE.
El escándalo se amplía con otro caso: Anny León Ubillús, quien seria cuñada del gobernador regional, habría sido contratada por la Dirección Regional de Salud de Piura en 2023 por un monto total de S/ 7,000. Las órdenes de servicio corresponden a labores de “control y vigilancia vectorial”, fechadas el 16 de junio y el 4 de octubre del año pasado.
Hasta el momento, el Gobierno Regional no ha emitido pronunciamiento oficial, pese a la gravedad de los señalamientos. La apertura de la investigación fiscal marca un primer paso en el esclarecimiento de posibles actos de favoritismo político y presunto mal uso de recursos públicos.
