Un nuevo caso de presunto uso indebido de recursos públicos sacude a la Municipalidad Provincial de Piura. La Contraloría General de la República detectó que el abogado José Benel Alvarado Rojas obtuvo un contrato para cumplir labores de comunicación e imagen institucional, pese a no contar con la experiencia ni los requisitos para dichas funciones.
Informe
Según el Informe de Acción de Oficio Posterior N.° 037-2025-2-0454-AOP del Órgano de Control Institucional (OCI), Alvarado Rojas fue incorporado bajo la modalidad de locación de servicios para desarrollar tareas propias de la Oficina General de Comunicación, un cargo alejado de su formación profesional en Derecho.
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El hallazgo se produce luego de que la Gerencia de Gestión Ambiental reportara que, entre 2024 y 2025, se realizaron actividades de sensibilización ambiental con niños y adultos, así como talleres de reciclaje y difusión por redes sociales. No obstante, en sus registros no figura la contratación de locadores para dichas tareas.
Pese a ello, la Oficina de Tesorería registró pagos al proveedor por S/ 18 000. De marzo a mayo de 2024, recibió S/ 9 000 (S/ 3 000 mensuales) por un supuesto servicio de “difusor ambiental tipo A” para campañas de sensibilización; y de agosto a octubre, otros S/ 9 000 por “cobertura y producción de material de difusión” sobre recolección de residuos sólidos y mantenimiento de áreas verdes.
La Contraloría sostiene que el proveedor no acreditó la experiencia ni el cumplimiento total de la prestación, afectando la legalidad de las contrataciones y el correcto funcionamiento de la administración pública. El caso se mantiene bajo evaluación para establecer eventuales responsabilidades administrativas y legales.
Tras la publicación sobre el informe de la Contraloría, dicho abogado emitió sus descargos en sus redes sociales donde dijo someterse a las investigaciones; sin embargo, se dedicó a atacar a varios periodistas “amenazando” abiertamente con difundir información en su contra.
